Las verdades mediáticas son las más difíciles de rebatir, por más que se sostengan con argumentos poco sólidos. El caso de la campaña que intenta instalar un clima de éxodo de argentinos hacia Uruguay es un ejemplo de verdad instalada y sostenida con argumentos más cercanos a la futurología que a la realidad. 

Todo empezó con una catarata de fake news sobre la salida masiva de empresas que luego fueron desmentidas públicamente. Se inició a raíz de la noticia de cierre de algunas firmas que, en el marco de la pandemia mundial, rearman su estrategia comercial a nivel global. Siguió con una noticia del diario inglés The Guardian titulado "Los argentinos acuden en masa a Uruguay en medio de la pandemia", certeza basada en el aumento de consultas diarias de una "próspera empresa" que asesora a argentinos interesados en sacar la residencia uruguaya. 

Finalmente, fue reforzado por la afirmación del diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina en una entrevista con el diario La Nación, en la que afirmó que "desde que asumió el Gobierno hay, según datos oficiales, 25 mil argentinos más que ya tienen residencia fiscal en Uruguay y hay otros 75 mil en espera". Luego se supo que los datos oficiales fueron obtenidos de una nota escrita en el mismo diario, en el que efectivamente mencionaba los ingresos diarios de argentinos al país vecino, que desde la dirección de migraciones los contabilizan como "tránsito vecinal fronterizo" y nada tienen que ver con datos que puedan informar sobre la intención de una residencia permanente. 

Pasar la cuarentena

"Hoy en día no podemos saber con certeza si el argentino se está yendo para pasar la cuarentena en Uruguay o para residir permanentemente allí. Los datos duros no indican que haya gente que se fue y no volvió más a la Argentina. Lo que sí vimos fue tránsito fluido de argentinos que previamente a la pandemia tenían residencia uruguaya, que viajaron con sus familias, y que quizás fueron y vinieron dentro de una misma semana a trabajar. Eso se llama tránsito vecinal fronterizo", aclara Florencia Carignano, directora nacional de migraciones. El organismo informó que entre enero y agosto de este año, resolvieron 809 trámites de radicaciones en Uruguay, 362 de las cuales fueron de forma permanente y el resto transitoria. Durante el mismo periodo en 2017, las radicaciones para nacionalidad uruguaya fueron 3.170; en 2018, 2.735 y en 2019, 1.784. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que en los primeros 9 meses de este año unos 504 contribuyentes argentinos iniciaron trámites para el cambio de residencia fiscal, de los cuales apenas 229 fueron pedidos con destino a Uruguay. El año pasado, fueron más de 400.

Exilios dorados

El embajador argentino en Montevideo, Alberto Iribarne, coincidió con que “es un mito hablar de un éxodo de argentinos a Uruguay” y calificó como “un público especial de un alto poder adquisitivo” aquél que cuenta con el dinero para irse a vivir al país vecino. Es que más allá de que el costo de vida es casi 40 por ciento más elevado que en Argentina, los requisitos para conseguir la residencia fiscal (es decir que puedan tributar en Uruguay por ser el país donde residen o generan las ganancias) y legal en el país, apuntan a un público con un poder adquisitivo alto. Sin contar que el subsecretario de Trabajo pronostica un desempleo del 16 por ciento hacia fin de año. Los dos ejemplos más conocidos de argentinos que cambiaron su residencia fiscal para vivir en Uruguay entran dentro de este esquema: Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre y Federico Tomasevich, el presidente de Puente. 

El Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno de Luis Lacalle Pou decretó una serie de beneficios para atraer 50 mil inversores extranjeros durante el quinquenio que durará su mandato.  Uno de ellos tuvo que ver con una reducción directa de impuestos: extendió de 5 a 10 años la vacación fiscal, un periodo donde el nuevo residente está exento de pagar nuevos impuestos.

El otro de los beneficios hizo foco en facilitar la obtención de residencia fiscal. Es decir, con las inversiones que tienen que poseer dentro del país. Mediante un decreto, bajaron el monto del inmueble que se necesita para obtener la residencia y el requisito de permanencia: quienes estén en el país al menos 60 días en el año y tengan una casa por 377.000 dólares, pueden obtenerla. Antes de este decreto, requerían una estadía de 181 días y un inmueble de 1.500.000 de dólares. También se puede obtener la residencia con una inversión en el país de 1.600.000 dólares, cuando antes se requerían 4.800.000 dólares. 

Si bien Uruguay facilitó el trámite para obtener la residencia fiscal, no alcanza con cumplir esos requisitos para darse de baja en Argentina y evitar la doble tributación.  Para concretarlo, hay dos caminos: una mudanza a Uruguay con efectos migratorios, es decir, trasladar el "centro de intereses vitales" (el trabajo, la familia, la educación); o permanecer en Uruguay por un período continuado de doce meses sin volver a Argentina más de 90 días y seguir tributando ante la AFIP durante todo ese año. Según las cifras oficiales, apenas 229 argentinos están dispuestos a cumplir esas condiciones para obtener la residencia fiscal. La conclusión es que con los datos disponibles, no se puede afirmar que un aluvión de ciudadanos haya decidido mudar su vida a Uruguay. 

La conclusión es que hay verdades instaladas, pero no hay conclusión.