Mientras dure la emergencia sanitaria, las fiestas clandestinas serán sancionadas con multas de 177 mil pesos. Así lo dispuso el Concejo Deliberante capitalino, en una nueva sesión ordinaria llevada a cabo en la tarde de ayer. El encuentro se desarrolló bajo el formato virtual, tal como nos tiene acostumbrados la denominada nueva normalidad.

El proyecto, impulsado por el presidente del cuerpo, Darío Madile, plantea la modificación del artículo 37 de la Ordenanza 11.846, para que las personas que organicen las mencionadas fiestas, sean castigadas con la máxima pena indicada en esta normativa. Se trata de una cláusula transitoria, que estará vigente hasta la finalización de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19.

Según el articulado original, por la realización de fiestas en casas privadas o al aire libre, que no cuenten con autorización municipal y que persigan fines de lucro, la ordenanza prevé multas de entre 4.000 y 10.000 Unidades Tributarias (UT), es decir de $70.000 a $177.000. A partir de la promulgación de esta nueva ordenanza, entonces, regirá sólo el valor más alto. Es preciso aclarar que la pena dispuesta alcanza solidariamente tanto a los organizadores del evento, como a los propietarios del inmueble en el que éste se lleva adelante.

La iniciativa cobra especial relevancia bajo el actual régimen de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), dispuesto por el Comité Operativo de Emergencia para el departamento Capital, a raíz del incremento de los contagios.

Otro dato a tener en cuenta es que la normativa aprobada no incluye a las reuniones familiares. Sin embargo, este tipo de evento social tampoco está permitido mientras continúe el ASPO.

“El fin de esta norma es desalentar la realización de este tipo de fiestas, que ponen en peligro a todos los salteños”, manifestó la concejala Frida Fonseca al referirse al proyecto. La presidenta de la comisión de Legislación general, también advirtió que “debemos tomar conciencia y ser responsables”, al tiempo que calificó a la multa de “dolorosa”.

El debate no contó con demasiados oradores ni con grandes exposiciones. No obstante, los argumentos que recurrentemente aparecen cada vez que se habla de endurecer penas, también estuvieron presentes en la tarde de ayer. “En esta situación hay que poner mano dura”, sostuvo la concejala Rosa Herrera. En tanto, su par Romina Arroyo eligió otro clásico: “Los ciudadanos somos hijos del rigor”.

Más cerca del cielo

Otro proyecto aprobado en la sesión de ayer es la ordenanza que crea el Régimen de Promoción urbanística para la construcción de edificios con cocheras subterráneas o en altura. La iniciativa prevé la suscripción de convenios entre los propietarios de los inmuebles y la Municipalidad de Salta, mediante los cuales se otorgarán estímulos fiscales para quienes desarrollen estos emprendimientos urbanísticos (exenciones de impuestos, tasas y contribuciones que graven la construcción).

Las edificaciones podrán tener "multiplicidad de usos con fuerte desarrollo comercial, recorridos peatonales, u otro incentivo o beneficio que el Ejecutivo Municipal considere adecuado y oportuno”.

El régimen tendrá una vigencia de tres años, a partir de la promulgación de la ordenanza y también habilita al Municipio a realizar gestiones ante organismos de recaudación provincial y nacional, con el objetivo de ampliar los beneficios tributarios para los desarrolladores inmobiliarios.

Al momento de fundamentar el proyecto de su autoría, Romina Arroyo sostuvo: “Éste es un momento oportuno, porque la ciudad está sufriendo cambios. Hay una gran demanda por acotar la circulación de vehículos en el micro y macrocentro y priorizar los peatones y el transporte público”.

Luego planteó la “necesidad de descentralizar la ciudad de Salta” y, en ese sentido, explicó que el régimen permitirá el desarrollo de centros comerciales en distintos puntos de la ciudad.

Si quieren venir, que vengan

Tal como se esperaba, el tema de la licitación del servicio de Higiene Urbana no podía faltar en la sesión de ayer. En el tramo en el cual los ediles presentan las solicitudes de informe realizadas al Ejecutivo municipal, la concejala Laura García (Frente de Todos) sostuvo: “Hoy hay que apelar nuevamente a la herramienta de los informes, para conocer las decisiones que se toman en la Av. Paraguay, casi a puertas cerradas”.

Mediante este instrumento, García solicita al gobierno comunal “que explique cuál fue el criterio para aceptar una oferta que excede el presupuesto que la Municipalidad propuso como referencia en el pliego”.

La concejala kirchnerista se refería al contrato celebrado con la empresa Agrotécnica Fueguina por la suma de $152 millones (monto que supera en 24 millones los $128 del pliego de licitación).

Fiel a su estilo frontal, concluyó su alocución con un pedido formal al presidente del cuerpo, Darío Madile: “Quiero que venga al Concejo, a la Comisión Evaluadora que tuvo a cargo el análisis del contrato de licitación del servicio de Higiene urbana. Que vengan los funcionarios y den la cara! Que nos expliquen y que nos saquen todas las dudas. Y que venga también la gente de Agrotécnica Fueguina”.

Revolviendo la basura

En sintonía con esta solicitud de informe, que fue acompañada por la mayoría de los espacios políticos, el concejal José Gauffín presentó sobre tablas un proyecto de resolución a través del cual se insta al Ejecutivo a remitir en el término de cinco días hábiles, copia del expediente completo mediante el cual se tramitó la licitación para la contratación del servicio de Higiene urbana. 

En un segundo inciso, se pide también copia del expediente completo correspondiente al trámite de la última redeterminación aprobada, del contrato que estuvo vigente hasta el pasado 7 de octubre, con la Empresa Agrotécnica Fueguina S.A.