Finalmente, el oficialismo porteño debió postergar en la Legislatura el tratamiento de una reforma de la actual Ley de Ética, que crea una Oficina de Integridad Pública. El proyecto encontró resistencias de distintos sectores de la oposición a los que se sumaron los radicales. 

Lo que cuestionaron es que, lejos de ser una Oficina Anticorrupción porteña, se trata de una dependencia que solamente reunirá declaraciones juradas y hará recomendaciones. Además, criticaron el método de designación: los funcionarios serán designados por las cabezas de cada poder y no pasarán por concursos, como establece la normativa actual. Esto implica que Horacio Rodríguez Larreta elegirá a la persona que lo controle, sin acuerdo con la Legislatura. Además, esa persona no tendrá facultades para querellar ni hacer investigaciones. 

Pese a los intentos de negociar, no estaban garantizados los votos para aprobarla, por lo que su tratamiento se postergó.