Hace quince años que la suerte le sonríe al represor Roberto Oscar González, más conocido como Federico o Gonzalito dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Hace unos meses, el Superior Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó extraditarlo a la Argentina para que rinda cuentas ante la Justicia, bajo el argumento de que algunos de sus crímenes prescribieron o que están alcanzados por la Ley de Amnistía que Brasil aprobó en 1979. Días atrás, el ministro relator del caso, Marco Aurélio, volvió a pronunciarse a favor del represor argentino. Pese a que el viento sopla a favor de González, todavía puede haber una oportunidad para que el STF revise su decisión y lo envíe a Buenos Aires.
González está en rebeldía para la Justicia argentina desde 2005, cuando no acudió a los llamados a indagatoria que le hizo el juez federal Sergio Torres, entonces a cargo de la causa ESMA. En 2013 Torres pidió la captura internacional de González y le informaron que estaba en Brasil, en una zona cercana a Porto Alegre. Para avanzar con la extradición, lo procesó por cientos de secuestros y tormentos ocurridos en el campo de concentración de la ESMA. En 2015 la jueza federal María Servini hizo lo propio. Pidió que lo extraditaran para que respondiera por la sustracción del hijo de Ana Rubel y Hugo Alberto Castro, nacido en ese centro clandestino de detención en junio de 1977. Sobrevivientes de la ESMA relataron que fue el propio González quien llevó al bebé hasta el Hospital Pedro Elizalde, donde un médico lo inscribió como propio.
El 11 de mayo pasado el STF rechazó extraditar a González, alegando que parte de sus crímenes -asesinatos y tormentos- habían prescripto y que, además, estaba alcanzado por la Amnistía de 1979, por cuya existencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó en 2010 al Estado brasileño. Lo curioso es que este mismo año el STF autorizó la extradición de Gonzalo Sánchez, otro represor de la ESMA requerido por la Justicia argentina y que, desde hace más de cinco meses, está detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo a la espera del próximo juicio.
Después de esa resolución, un grupo de organismos de derechos humanos -entre los que se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. Capital junto con el propio Jorge Castro Rubel-, pidieron a la Cancillería que insistiera con la extradición de González. En su presentación, los organismos señalaban que el STF estaba aplicando una ley de Amnistía brasileña para hechos ocurridos en la Argentina y que, además, habían omitido analizar los hechos de los cuales fue víctima Castro Rubel.
Por último, señalaban que el STF -que tiene la última palabra en materia de extradiciones- había fallado de manera bien distinta ante dos represores que habían sido requeridos por las autoridades argentinas. Por un lado, en el caso del “Chispa” Sánchez y, por otro, en el caso del represor uruguayo Manuel Cordero Piacentini, reclamado por la Justicia argentina para ser juzgado por su actuación en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. De hecho, a Cordero Piacentini también lo solicitaban por su participación en la sustracción del hijo de la activista uruguaya Sara Méndez, que estuvo secuestrada en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti, una de las bases del Cóndor en Argentina.
La Cancillería, a través de la embajada en Brasilia, le pidió al STF que revise lo resuelto porque consideraba que no se adecuaba con la legislación brasileña vigente aplicable a la materia ni con las obligaciones internacionales asumidas por los dos países. Además, resaltaba que el STF se había apartado de su propia jurisprudencia al beneficiar a González. Ante el pedido del Estado argentino, el ministro relator Marco Aurélio sostuvo el pasado 5 de noviembre que no hay apelaciones contra las decisiones del STF en materia de extradición. Según pudo saber Página|12, esta resolución no fue informada ni a la Cancillería, ni al juzgado donde tramita la causa ESMA -actualmente a cargo del juez federal Sebastián Casanello- ni a la Procuración General.
La decisión de Marco Aurélio causó especial preocupación entre organismos y sobrevivientes que quieren que González responda por sus crímenes. Sin embargo, todavía hay esperanza. La Procuraduría General de la República brasileña presentó otro recurso pidiendo al STF que aclare su decisión sobre González y que extradite al exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue parte del grupo de tareas de la ESMA. Antes de resolver el planteo de la PGR, el STF le pidió opinión a González, por lo que aún queda pendiente esa resolución que podría traer la esperanza de que Brasil termine enviando al represor argentino. En caso contrario, los organismos ya evalúan presentarse ante instancias internacionales para denunciar que el país vecino está obstaculizando el proceso de Justicia en la Argentina.
González cumplirá 70 años el próximo 5 de marzo. Integrante de la PFA desde 1971, llegó al grupo de tareas cuando rondaba los 25. Él mismo reconoció haber participado de la patota de la ESMA que secuestró al periodista Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977. En una entrevista, el represor lamentó no haber sido él quien baleara a Walsh. El sobreviviente Víctor Basterra, fallecido recientemente, recordó que González participó de la comisión de la Armada que, antes del fin de la dictadura, vació la ESMA de documentación que pudiera dar cuenta de sus crímenes.
