Desde Santa Fe

Fracasó el tercer operativo para sacarle al fiscal federal Walter Rodríguez la investigación del origen y el destino de un millón de dólares y tres millones de pesos hallados en el despacho del agente de turismo Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero, pero que no se sabe dónde están. El juez Luis Octavio Silva rechazó un nuevo intento del Ministerio Público de la Acusación para llevarse la causa a la provincia, al ámbito del fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti, apenas 48 horas después de que Rodríguez solicitara al juez federal Marcelo Bailaque la indagatoria de diez imputados en el proceso, entre ellos la hija de Oldani; la presidenta de una sociedad de bolsa que funciona en la misma galería donde operaba el empresario, Celina Chelmo; y dos operadores del grupo Carey de Rosario por supuesta “intermediación financiera no autorizada” y pidiera la “inhibición general de bienes” de todos ellos. Rodríguez requirió las diez indagatorias tras recibir el peritaje del celular de Oldani que ocupa más de 17.000 páginas de pruebas, evidencias y diálogos de negocios. La “intermediación financiera no autorizada es inseparable de las “maniobras de lavado de activos”, son “actos que se complementan y responden a un plan común unitario” que no puede ser “escindido”; por lo tanto, deben ser investigados por el fuero federal, resolvió el juez Silva al rechazar el desguace que demandó el MPA.

La investigación es por el origen y el destino de un millón de dólares y tres millones de pesos hallados en el despacho del agente de turismo Hugo Oldani

La investigación se inició por una denuncia del ministro de Seguridad Marcelo Sain el 1º de junio y desde entonces ya hubo tres operativos para desplazar al fiscal Rodríguez. El primero, el 4 de junio, a sólo 72 horas de la denuncia, pero que fue desestimado por el juez Gustavo Urdiales. El segundo, el 4 de noviembre, cuando el juez Bailaque rechazó un planteo de incompetencia del penalista Néstor Oroño, que defiende a la fiscal que investigaba el crimen, Cristina Ferraro, a quien el fiscal Rodríguez imputó por supuesto “encubrimiento agravado”, por “hacer desaparecer pruebas” y no documentó en un inventario el millón de dólares y los tres millones de pesos. Y el tercero, el 20 de noviembre, también rechazado por el juez Silva, a sólo 48 horas de que Rodríguez solicitara las diez indagatorias. Una de las imputadas por el fiscal federal el 18 de noviembre es la presidenta de una sociedad de bolsa que tiene su sede en la misma galería donde operaba Oldani, Celina Chelmo, quien ya designó abogado defensor y es el mismo que asiste a la fiscal Ferraro.

Los tres intentos para desplazar a Rodríguez fueron por supuesta incompetencia. Los dos del MPA –el 4 de junio y el 20 de noviembre- en la causa que investiga el origen y el destino del millón de dólares eran planteos por vía inhibitoria para que jueces provinciales declaren la competencia provincial y soliciten la causa a la justicia federal, pero tanto Urdiales como Silva rechazaron los pedidos. El otro operativo fue en una segunda investigación, la que Rodríguez le inició a la fiscal Ferraro cuando la imputó por presunto “encubrimiento agravado” y lo intentó la defensa a cargo de Oroño, que también fue desestimado por Bailaque. Así, ya son tres los jueces que rechazaron los intentos por desplazar al fiscal que investiga la causa Oldani: Bailaque, Urdiales y Silva.

Los dos operativos del MPA –desestimados por Urdiales y Silva- fueron impulsados por la fiscal Mariela Jiménez, que está al frente de la unidad de Delitos Complejos. Pero la insistencia de planteos similares en menos de cinco meses –y a 48 horas de que el fiscal Rodríguez solicitara las diez indagatorias- pone en foco a su jefe, el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti. Rodríguez ya tuvo que batallar más de dos meses para que el MPA le enviara los legajos del caso Oldani y allí descubrió que del millón de dólares sólo quedaban las fotografías. En 2017, Arietti desplazó de una investigación a los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí cuando se toparon con el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y le pasó la causa al fiscal Ezequiel Hernández, que la cerró. El designado para investigar a Apullán y Martí fue el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, que hoy está preso.

Rodríguez ya tuvo que batallar más de dos meses para que el MPA le enviara los legajos del caso Oldani y allí descubrió que del millón de dólares sólo quedaban las fotografías 

En su denuncia del 1º de junio, el ministro Sain dijo que la “millonaria suma de dinero en moneda extranjera y nacional” hallada en el despacho de Oldani no concordaba "con los montos que habitualmente maneja un operador turístico”. Y lo interpretó como un elemento “serio” y “verosímil” de que allí “podría haber funcionado una de las denominadas ‘cuevas financieras’ sin autorización” del Banco Central, ni de la AFIP para hacer “operaciones de cambio y/o préstamo de dinero”.

El juez Silva –al rechazar el planteo del MPA para sacarle la causa a Rodríguez- recordó que las “cuevas financieras” trasgreden leyes nacionales de “competencia federal”. “La intermediación financiera no autorizada es inseparable del lavado de activos”, “responden a un plan común unitario” que no se puede “escindir”, por lo tanto, “corresponde” que las "maniobras" sean investigadas por el “fuero de excepción” en este caso por el fiscal federal de Santa Fe, concluyó.