Desde Santa Fe

A cinco meses de la denuncia del ministro de Seguridad Marcelo Sain para que se investigue si la agencia de viajes del empresario Hugo Oldani –asesinado el 11 de febrero- era la pantalla de una “cueva financiera”, el juez federal Marcelo Bailaque convocó ayer a indagatoria a los diez imputados por el fiscal federal Walter Rodríguez por supuesta “intermediación financiera no autorizada” y ordenó la “inhibición general de bienes” de todos ellos. Uno de los misterios es el origen y el destino de un millón de dólares y tres millones de pesos que fueron fotografiados en el despacho de Oldani, pero no se sabe dónde están. La lista de los diez la encabezan Virginia Oldani, hija del agente de turismo y una empleada de la empresa, María José Calle, a quienes el fiscal Rodríguez consideró que eran “brazos ejecutores” del dueño del negocio. Y siguen, la presidenta de una sociedad de bolsa, Celina Chelmo, que tiene su sede de la misma galería comercial donde operaba Oldani y dos operadores del grupo Carey de Rosario, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigalupo (“Charly”), dedicados a “servicios financieros y asesoramiento bursátil”, explicó fiscal.

El juez Bailaque coincidió con el fiscal Rodríguez que “existen bastantes motivos para sospechar” que los diez imputados “participaron del delito de intermediación financiera no autorizada” y por lo tanto, ordenó las indagatorias y la “inhibición general de bienes” de los diez. Las audiencias se realizarán entre el 4 y el 31 de marzo de 2021. Para el jueves 4, están citadas a declarar Virginia Oldani y María José Calle, a las 10 y a las 11 de la mañana. El miércoles 10, seguirán Chelmo, Leandro Forchetti y Flavio Giulioni. El miércoles 17, le tocará a Ariel Juan Trucco, Eugenio Alonso y Marco Molinas. El miércoles 24 de marzo es feriado. Así que la audiencia siguiente será el 31 de marzo, en la que serán indagados los operadores del grupo Carey, Ciochetto y Bacigaluppo.

El 19 de noviembre, cuando el Ministerio Público imputó y pidió “la indagatoria de la hija de Oldani y de otras nueve personas ante la sospechas de delitos federales”, el ministro Sain advirtió: “Excelente investigación criminal del fiscal federal Rodríguez en la causa Oldani, confirmando que allí pasaban cosas”.

El fiscal federal Walter Rodríguez acusa por supuesta “intermediación financiera no autorizada” y ordenó la “inhibición general de bienes” de los imputados

La semana pasada, Rosario/12 informó que había fracasado el tercer intento de la justicia provincial para sacarle la causa al fiscal Rodríguez y pasarla al Ministerio Público de la Acusación, al ámbito del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti. Los tres planteos fueron por supuesta incompetencia del fuero federal. El primero, lo rechazó el juez Gustavo Urdiales, el 4 de junio, tres días después de la denuncia de Sain. El segundo, lo desestimó el juez Bailaque el 4 de noviembre, ante un recurso de la defensa de la fiscal Cristina Ferraro –que investigó el crimen de Oldani-, a quien Rodríguez denunció por supuesto “encubrimiento agravado”. Y el tercero, lo rechazó otro juez provincial, Luis Octavio Silva, el 20 de noviembre, a sólo 48 horas de que el fiscal federal solicitara las indagatorias de los diez imputados, entre ellos la hija de Oldani.

“El círculo rojo santafesino y sus empleados judiciales no desisten en su intento por encubrir a sus protegidos”, escribió Sain en las redes. “Un detalle: la información con que el fiscal federal Rodríguez conformo las pruebas imputativas contra los apuntados estuvo cuatro meses en poder de la fiscala provincial (sic) sin hacer nada ¿Cómo se le llama a eso? ¿Tapadera, impunidad?”, se preguntó el ministro de Seguridad. Y esta semana, ante otra noticia sobre el mismo asunto, Sain volvió a plantear: “Muchos interrogantes y una certeza: la Fiscalía Regional de Santa Fe no quiere que se llegue a la verdad del caso Oldani e intenta impedir que lo haga la justicia federal”.

En el pedido de las indagatorias, el fiscal Rodríguez reveló las cuatro operatorias de Oldani: 1) Recibía “dinero otorgado por terceros a cambio de una tasa de interés”, 2) Buscaba "tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba en un plazo” de cinco días, 3) Prestaba "pesos y dólares” y 4) Utilizaba “un mecanismo denominado ‘dólar cable’ por el cual los particulares ingresaban divisas al país o las transferían al exterior”.

Según el fiscal, la hija de Oldani y su empleada operaban como “brazos ejecutores” de su padre. Chelmo tenía un “vínculo horizontal” con el empresario, “en lo relativo a la operatoria de préstamos”. Y al completar el supuesto rol de “Chelmo, Molinas, Alonso, Ciochetto y Bacigaluppo, apodado ‘Charly’, mencionó “transacciones bajo el sistema del ‘dólar cable’”.

Ciochetto y Bacigaluppo “serían operadores del grupo Carey” de Rosario, dijo el fiscal. Y citó un diálogo de Oldani por whtsapp con un cliente al que llama “Tope”, el 28 de diciembre de 2018. “Pasame si querés el número de cuenta donde depositarla por las dudas para adelantarme porque estos pibes no me están contestando y me adelantan el juego. Pásamela por acá”… Tienen que a la Mutual 29 de noviembre. Preguntan por Carlos Cioccietto. Y le dicen que es un aporte a la cuenta de Hugo Oldani. Ahí te doy los datos Tope, con eso es suficiente… Si los vagos son una mesa o una financiera de Rosario seguro, seguro que esta gente los conocen porque esto es la mutual que tiene Carey para hacer algunas cosas en ese color”, escribió Oldani.