Una decena de allanamientos -entre ellos un edificio de Corrientes 832 de Rosario  allanado por lavado de activos hace poco tiempo- tuvieron lugar ayer en el marco de la causa que investiga a una organización dedicada al juego clandestino, cuya cobertura a cambio de coimas, le costó la libertad y el cargo al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, y al fiscal Gustavo Ponce Asahad. Los operativos fueron realizados por personal del Organismo de Investigaciones y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y estuvieron enfocados en inmuebles tienen vinculación con Leonardo Peiti, el empresario ligado al juego clandestino e imputado de extorsiones y cuya declaración como “arrepentido” puso tras las rejas a ambos fiscales. Las medidas judiciales tuvieron su origen en un pedido realizado por los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli de la Agencia de Criminalidad Organizada. El objetivo fue la búsqueda de documentación de interés para el caso.

Uno de los domicilios allanados es el mismo edificio donde funciona la financiera Cofyrco, que en su momento fue requisada en el marco del crimen de Marcelo Coto Medrano. Este operativo es el segundo que se produce en ese lugar ya que el 19 de septiembre pasado y por otra causa, las oficinas de la financiera Cofyrco fueron allanadas por compra de 17 mil dólares del ex barra y sindicado narco Marcelo “Coto” Medrano, que había sido asesinado una semana antes en Granadero Baigorria. En este caso los pesquisas llegaron hasta el segundo piso de Corrientes 832, donde funciona un estudio jurídico contable, en la que se buscó documentación del propio Peitti, que podría haber estado en poder de la contadora María Laura de Iparraguirre. Además, se cumplió una medida judicial en Morrison al 8000, en Fisherton, donde habita la misma profesional.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación, el resto de los procedimientos se realizaron en: San Sebastián al 1800 de Roldán, en Rosario en las propiedades de Zeballos 4600 y otra a la altura del 4800, un domicilio de calle Tomás Guido al 1200 -donde habita Nelson Ugolini -empleado de la fiscalía de Ponce Asahad- Carriego y San Juan, Solís al 700, Paraguay 200. También en una vivienda de Junín al 100, piso 3, Dto B, de la localidad de Puerto General San Martín.

Las fuentes relacionadas al caso señalaron que los fiscales solicitaron el secuestro de toda documentación y material de interés para la causa, dispositivos de almacenamiento electrónico, celulares y relevamiento de vehículos hallados en dichos domicilios.

Cabe recordar que Patricio Serjal ocupó el cargo de fiscal regional de Rosario al momento en que se cometieron los delitos. El pasado 11 de agosto fue imputado como coautor de varios delitos como cohecho pasivo, transmisión de datos reservados, falsedad ideológica de documento público, omisión de persecución y peculado de servicios, figuras agravadas por su condición de funcionario público. Desde entonces está detenido con prisión preventiva.

Una semana antes había sido apresado el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, a quien el capitalista del juego Leonardo Peiti sindicó como quien recibió en su nombre y en el de Serjal una mensualidad de entre cuatro y cinco mil dólares para mantenerlo a salvo de allanamientos o investigaciones en su contra.

Peiti formuló las acusaciones contra ambos ex funcionarios antes de ser imputado como miembro de una red que combinaba extorsiones y juego ilegal, un emprendimiento delictivo que se le atribuye a miembros de la banda de Los Monos.

Según la acusación, Serjal y Ponce Asahad incurrieron en delitos tales como falsear documentos, transmitir información reservada y no investigar hechos que podrían constituir delitos, es decir todo lo contrario al deber de un fiscal. Además de los fiscales, en este expediente está imputado Ugolini, el empleado judicial que trabajaba con Ponce Asahad y a quien se le atribuye pasarle la información sobre allanamientos a casas de juego clandestinas por la cual Peiti pagaba su protección.