Aunque Cambiemos aprieta el acelerador de la represión y subsiguiente criminalización de la protesta, hay jurisprudencia favorable a los trabajadores organizados que se manifiestan, con diversas metodologías pero con predominio de los cortes y piquetes. El Gobierno se presentó como querellante en la causa iniciada contra seis manifestantes por haber cortado la ruta Panamericana el jueves pasado, en el marco de las acciones que protagonizó la izquierda y el sindicalismo combativo para activar el paro general convocado por la CGT y las CTA. El caso está en el juzgado federal de San Isidro, en despacho de Sandra Arroyo Salgado, una magistrada que en otro expediente ordenó el sobreseimiento de más de 13 manifestantes en un fallo referido a 15 cortes de la autopista Panamericana en estos términos: “los cortes y caravanas de autos se encontraban amparados en el legítimo ejercicio del derecho de reunión, en el caso particular de peticionar y hacer oír sus reclamos (…) la conducta de los imputados se encontraba amparada constitucionalmente”.  

Mientras se llevan adelante más de 4 mil procesos judiciales contra referentes de las diversas luchas ocurridas en la última década, en el marco de algunos de ellos, como los que se abrieron a partir del conflicto de Lear, la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinó que “en el momento de hacer un balance sobre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”. 

Los acusados por el corte del jueves pasado en la Panamericana y 197 están representados por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), entre ellos Carlos Platkowski. Este abogado afirmó que “el Gobierno sabe que también tiene que dar una batalla en el plano judicial ya que la lucha de los organismos de derechos humanos y los trabajadores consiguió fallos que reconocieron que interrumpir el tránsito como consecuencia del ejercicio del derecho de protesta no es delito. En importantes causas en las que nos tocó intervenir se terminó reconociendo que el derecho de protesta es jerárquicamente superior que el derecho de tránsito”. A su criterio, “la necesidad del gobierno de reprimir nada tiene que ver con los problemas de tránsito que provocan las movilizaciones y las protestas, es la respuesta a las masivas movilizaciones que los trabajadores y el movimiento de mujeres llevaron adelante, junto a la marcha del 24 de marzo, y el paro del 6 de abril”. Platkowski recordó que la ministra de Seguridad “fue funcionaria del gobierno de Fernando De la Rúa. Patricia Bullrich, como ministra de Trabajo de la Alianza, aplicó el ajuste mediante el cual se le recortó el 13 por ciento del sueldo a los jubilados y a los empleados estatales, conoce perfectamente la dinámica de las cosas. Ajuste y represión nunca se sueltan la mano, y los trabajadores también tienen las cosas claras, para no perder derechos hay que luchar”.