Así lo decidió el juez Federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, al considerar que se había vencido el plazo de prisión preventiva que solicitó el fiscal Eduardo Villalba bajo el argumento que podía entorpecer la causa e incluso fugarse.

Jorge Enrique Prado es uno de los 11 imputados que tiene la investigación penal que se lleva adelante desde febrero pasado por el robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino. El Ministerio Público Fiscal federal informó que se reunieron elementos de prueba aunque todavía resta tomar más testimoniales.

Prado fue detenido el 18 de noviembre pasado, en un primer momento, hasta el 6 de diciembre, sin embargo, dado que la fiscalía recabó nuevos elementos probatorios al comenzar con la toma de testimoniales en el municipio, solicitó una extensión que fue fijada por el juez Montoya hasta el 18 de diciembre.

En el medio, la defensa de Prado solicitó que se revoque la prisión preventiva y le permitan permanecer con arresto domiciliario, sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los recursos y confirmó la prisión preventiva, que ayer llegó a su fin.

Pero como las testimoniales tomadas revelaron otros aspectos que fundamentan la hipótesis que incrimina al ex jefe comunal, el fiscal solicitó una medida de prohibición de acercamiento al edificio municipal. También se le pidió el compromiso de colaboración con la Justicia y que evite cualquier acto que entorpezca la investigación, se le prohibió salir del país y debe comunicarse cada 15 días con la fiscalía a cargo del caso. Villalba argumentó las medidas basándose en la influencia que Prado ejerce sobre los empleados del municipio.

El fiscal indicó que las testimoniales de empleados y funcionarios municipales en Aguaray fueron muy esclarecedoras, puesto que los datos aportados no sólo confirmarían la hipótesis criminal sino también permitieron avanzar en otros aspectos, lo que llevó a Villalba a pedir otras testimoniales, aparte de las 13 que se fijaron inicialmente. También se ordenó el secuestro de documentación y de computadoras.

El fiscal viene sosteniendo que ya se reunieron numerosos elementos de pruebas, y recordó que se recuperaron más de 300 caños a partir de las medidas impulsadas desde la Unidad Fiscal que dirige.

Villalba había pedido la detención de Prado al corroborar que tenía una cuenta a su nombre en la que en 2018, cuando aún era secretario de Medio Ambiente municipal, registró un ingreso de $2.148.000. Mientras que al año siguiente, a esa suma se agregó un monto de $1.300.000. Y este año, se registró otro movimiento por $1.495.00, “lo cual evidenciaría que Prado ya había comenzado a percibir dinero por la maniobra que luego puso en marcha en detrimento del Estado”, sostuvo en aquel entonces el fiscal federal.

A la investigación de la Justicia Federal por el millonario robo de 35 kilómetros de caños del gasoducto que debía conectar al NEA, a Prado se le suma una causa provincial por la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público por el faltante de más de $18 millones de las arcas municipales que denunció el interventor de aquella localidad, Adrían Zigarán.

Esa investigación la lleva el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, quien también pidió ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de la ciudad de Tartagal la detención de Prado por considerar que puede entorpecer la causa o darse a la fuga, aunque en ese caso fue rechazada.