El abogado de Nélida Rojas, la dirigente de la Tupac Amaru mendocina detenida en el marco de lo que la organización califica como una “persecución política” contra sus militantes, denunció “trato inhumano, cruel y degradante” contra su clienta y sus dos hijas, motivo por el cual pidió la suspensión de la declaración indagatoria que las tres debían prestar en los tribunales de Mendoza.

Alfredo Guevara, defensor de la dirigente social, denunció que durante el traslado desde la cárcel de Borbollón hasta la de Aguas de las Avispas, en la provincia de Mendoza, Rojas y sus hijas Carla y Leonela fueron “esposadas a asientos de hierro” en la camioneta del grupo GEOP y llevadas “a una velocidad excesiva” que les provocó “golpes en distintos lugares del cuerpo, dolores en las muñecas y sensación de ahogo”.

Nélida, prosiguió el letrado, fue esposada “con las manos entre sus piernas, lo que la obligaba a una mala posición” que “incrementó su sufrimiento” durante el viaje. En tanto Carla, una de sus hijas, “sufrió una descompensación” por ese traslado. Esto, dijo, “podría calificarse como tortura o un trato inhumano, cruel y degradante”.

Para el abogado, el hecho se enmarca en la persecución contra las detenidas y, agregó, supone “un mensaje de terror a los movimientos sociales”. Por ese motivo presentó ante la fiscal del caso, Gabriela Chávez, un pedido para que se suspendiera la indagatoria prevista para hoy en la que la dirigente de la Tupac debía declarar por los supuestos delitos de coacción agravada en concurso ideal con estafa.

El pedido de postergación de ese trámite judicial se basó en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecida por la CIDH, en la que indica que “los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes”, así como tampoco “se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública”.

Rojas está detenida, separada de sus hijas y de su esposo Ramón Martínez, también acusado de integrar una supuesta asociación ilícita para la construcción de viviendas sociales en Mendoza.

Por el mismo caso, en el que hay una decena de imputados, ayer la Justicia detuvo a Ángel Osvaldo Rojas, hermano de Nélida, acusado por supuesta coacción agravada. La defensa de los acusados denunció a la fiscal del caso por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad, e insistió en que la “persecución política” a la organización se inició en enero del año pasado, en Jujuy, cuando la dirigente Milagro Sala fue detenida tras un acampe frente a la sede de la Gobernación provincial.