La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cerró un año parlamentario atravesado por la pandemia en el que el Gobierno y los legisladores del Frente de Todos lograron imponer con éxito gran parte de su agenda legislativa a pesar de la férrea oposición de la bancada de Junto por el Cambio, pero en la que también resignó –al menos por ahora— algunas de sus principales propuestas y otras que surgieron en medio de la crisis económica que heredó del macrismo y que agravó el coronavirus. Una disputa que continuará en las sesiones extraordinarias de febrero con una serie de proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios para transitar el camino trazado al principio de su mandato y que la llegada de la vacuna para la inmunización de la población frente a la covid 19 comienza a despejar en medio de la amenaza de una segunda ola que ya afecta a gran parte del planeta.

En su última sesión del año, el Senado convirtió en leyes la IVE y el proyecto de los Mil Días --de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia-- que el Ejecutivo envió en paralelo para ayudar a vencer la resistencia a la legalización y despenalización del aborto. Diputados, en tanto, sancionó la ley de la nueva fórmula de movilidad automática de las jubilaciones, con la que el gobierno apuesta a una recuperación de su poder adquisitivo atado a un crecimiento de la economía en la post pandemia. 

Alberto Fernández cerró el año con un encuentro en la quinta de Olivos junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de la bancada oficialista Máximo Kirchner y unos 60 diputados del FdT (el resto lo hizo vía zoom). Allí pidió avanzar en la Cámara baja con las reformas a la Justicia, una de las cuestiones pendientes del año legislativo. Entre ellas, la reforma de la Justicia Federal para desconcentrar el sistema y que avance la retardada implementación del sistema acusatorio en todo el país, que obtuvo la media sanción del Senado sobre el filo de las sesiones ordinarias del año pero el debate nunca arrancó en Diputados. 

También está pendiente la media sanción del Senado de reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal, que reduce de dos tercios a la mayoría absoluta del Senado para la designación del procurador y pone plazo de cinco años para su mandato que dejará de ser vitalicio. Modificaciones para destrabar la designación del juez Daniel Rafecas como procurador general –que termine con el prolongado interinato de Eduardo Casal sin acuerdo del Senado-- y que los senadores de JxC se niegan a acompañar.

En el medio de le disputa judicial, el Senado revisó una veintena de traslados irregulares de magistrados que Macri realizó por decreto y anuló los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que se revelaron ante la revisión. Sin embargo, la Corte –en un fallo contradictorio-- dispuso que los jueces permanezcan en los cargos hasta que se designen a los titulares de acuerdo al proceso constitucional que ninguno de los tres jueces cuestionados atravesó.

En la prepandemia, el gobierno ya había conseguido en el Congreso algunas de las leyes inaugurales de su gestión. En enero, Diputados dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda externa bajo legislación extranjera y cuya negociación con los bonistas privados se alcanzó pasada la mitad del año. La Cámara baja también sancionó el nuevo Consenso Fiscal con las provincias y dejó atrás el establecido por el macrismo que las obligaba a reducir los impuestos locales.  Y la “ley de góndolas”, aunque su reglamentación llegó a mediados de diciembre. Además del nombramiento de Marisa Graham como defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación hace 15 años. Su designación había quedado relegada por el sector “celeste” en el Senado que cuestionaba su postura a favor de la IVE.

Fernández ratificó ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias muchos de sus proyectos de ley que enviaría al Congreso. Entre ellos, la IVE y la reforma judicial. Pero pocos días después se conoció el primer caso de Covid en Argentina y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia que modificó la vida y la economía del planeta. El presidente decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a partir del 19 y el Congreso adhirió a la medida.

Sesionar en pandemia

A pesar del respaldo inicial que la oposición dio a las medidas del Gobierno nacional frente a la pandemia, JpC trasladó al Parlamento todos sus cuestionamientos y buscó condicionar la agenda del Gobierno. Por el Congreso desfilaron entonces en reuniones informativas virtuales todos los ministros para explicar las medidas contra la pandemia.

 Frente a los reclamos opositores de sesionar  “presencialmente” en medio del avance del coronavirus, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió a la Corte Suprema una declaración de certeza sobre la validez de las leyes que sancionara el Parlamento a través de sesiones virtuales. Aunque la Corte lo desestimó, admitió que el Poder Legislativo se puede dar las formas de funcionamiento que considere necesario. Diputados acordó un protocolo para sesiones virtuales mixtas donde JpC impuso la condicinó que los proyectos que llegaran al recinto deberían ser consensuados.

Las primeras sesiones virtuales en la historia del Congreso se concretaron el 13 de mayo. El Senado avaló una veintena de DNU del Gobierno vinculados a la pandemia, entre ellos la prohibición de despidos y suspensiones. Diputados aprobó la exención del pago del impuesto a las Ganancias para el personal esencial y la denominada “Ley Silvio”. Ambas Cámaras implementaron en sus recintos sistemas de conexión a través de Internet y de pantallas gigantes para llevar adelante las sesiones. Se implementaron la firma digital para el respaldo a los dictámenes de comisión y la trazabilidad del voto de cada miembro durante las sesiones remotas.

El Congreso recuperó así su funcionamiento pleno. Se aprobaron las leyes de Acceso a la Educación a Distancia en todos los niveles, la promoción de recetas médicas digitales, la regulación del teletrabajo, el Programa de Protección al Personal de Salud y la Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados de la covid 19. Además de la compra de vacunas para generar inmunidad contra el coronavirus.

En el año, Diputados tuvo 23 sesiones, 15 de ellas remotas y sancionó 67 leyes. Hubo 323 reuniones en comisión, 271 de ellas permanentes y 52 especiales (con 182 expositores de la función pública y 536 expositores de la sociedad civil). Mientras que el Senado sesionó en 30 oportunidades a los largo de 2020.

El oficialismo logró sancionar su primer presupuesto propio para el año 2021 y convirtió en ley el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas pese a la resistencia de JpC, que exigió que su tratamiento en Diputados se hiciera con mayoría presencial. También la protección de activos del FGS del sistema previsional y la renegociación de las deudas provinciales con la ANSES.  Además del Consejo Nacional sobre Malvinas  y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

La agenda ecológica se plasmó en la sanción de la ley “Yolanda” de capacitación obligatoria sobre medio ambiente y el desarrollo sostenible en todos sus niveles del Estado. La Ley del Manejo del Fuego, que prohíbe el cambio del uso de los suelos arrasados por los incendios para evitar la especulación inmobiliaria y agropecuaria. A pesar que Diputados dio dictamen a la ley de protección de humedales frente al lobby agropecuario y minero, el proyecto todavía no llegó al recinto.

También quedó en el camino la propuesta inicial de estatizar la quebrada cerealera Vicentin que adeuda al Estado 300 millones de dólares. Aunque aun está vigente la media sanción del Senado para crear una comisión investigadora sobre la responsabilidad de los funcionarios macristas del Banco Nación, que le otorgaron los créditos a Vicentin cuando el Gobierno de Cambiemos ya había perdido la elección.