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personas que eran sometidas a explotación laboral por una empresa dedicada a la producción de frutos rojos, entre ellas mujeres y niñas migrantes y de provincias del Norte, pudieron acceder a la reparación de sus derechos, y sus empleadores procesados y obligados a asegurarles un resarcimiento económico, con un embargo de 50 millones de pesos, a partir de una investigación de la Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, en la que colaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Los responsables de la firma abusaban de la situación de vulnerabilidad general pagando salarios de miseria y obligando a cumplir jornadas de hasta 16 horas, sin descansos semanales, en predios hortícolas de Sierra de los Padres, Tandil y la localidad correntina de Bella Vista. Las personas, en su mayoría, eran oriundas del Norte argentino o del Estado Plurinacional de Bolivia, con un contexto migratorio irregular. El Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata dio por probada la imputación de la Fiscalía, que cargó sobre sus directivos como autores del delito de trata con fines de explotación laboral, por “haberse aprovechado” de trabajadorxs con hijxs y familias a cargo, y de su gran necesidad económica y falta de instrucción, para someterlxs a una dependencia económica y habitacional de esclavitud.
