Con el inicio de esta etapa de restricción a la circulación nocturna, el Gobierno provincial y el municipal se mostraron alineados en la promesa de reforzar los controles y llegar hasta la persecución penal de los infractores, con fiscales y todo. Sobre todo, contra quienes lucren con la organización de reuniones fuera de los parámetros autorizados. Para ello, se montó un equipo destinado a rastrear esa clase de citas en redes sociales. Por su parte, la corporación gastronómica reinterpretó el decreto provincial y estiró por su cuenta media hora más de lo estipulado en la norma. Todo un síntoma de lo caldeado que están los ánimos en ese rubro, que se considera de los más perjudicados en cuanto a medidas restrictivas por la pandemia. Y para demostrar que el celo fiscalizador ha sido renovado, la Municipalidad ya clausuró en la tarde ayer un bar de Puerto Norte que se promocionaba en abierta infracción al protocolo establecido.

En una reunión desarrollada ayer en la central operativa El Ojo, en la delegación de Gobernación y con funcionarios provinciales y fiscales del Ministerio Público de la Acusación, el intendente Pablo Javkin advirtió que "vamos a profundizar los procedimientos para prevenir fiestas o reuniones clandestinas que infrinjan la norma". Aseguró que los inspectores irán a disuadir con la policía los encuentros en lugares públicos, y los fiscales penales en turno lo harán en ámbitos privados donde es preciso contar con una orden judicial para irrumpir. 

"Al virus lo frenamos con la vacuna y con menos circulación. Puede haber controles, pero hay que cuidarse más y encontrarse con menos gente, y si nos encontramos hay que aplicar los protocolos sanitarios. Hay que entender que la pandemia no terminó y el virus sigue circulando", dijo. Javkin reprochó la organización de esas fiestas furtivas, incluso las que se organizan en los paradores de las islas entrerrianas, en muelles clandestinos y en localidades de la región. "Son entendibles ciertas necesidades pero esto no se puede permitir, Ya hablé con la vicegobernadora de Entre Ríos porque las islas están en su jurisdicción. Veremos que podemos hacer desde acá”, dijo el jefe municipal en alusión a Laura Stratta. Al respecto, el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, reveló a Rosario/12 que el municipio de Victoria ya realizó procedimientos por reuniones clandestinas en las islas, y esta semana procede a notificar a la Justicia federal. Una de esas veladas furtivas sucedió la noche del 1° y muy cerca incluso de la traza del enlace vial, y del puesto de Gendarmería en el peaje.

Los controles habrían arrancado esta medianoche pasada, junto con la Policía, entre la 0.30 y las 6 de lunes a viernes, y entre la 1.30 y las 6 en sábados, domingos y feriados.

Tras ello, los comerciantes agrupados en la Asociación de Empresarios de Hoteles y Gastronomía de Rosario (Aehgar) expresaron en un comunicado que hablaron "con autoridades municipales" –no especificaron con quién– e interpretaron que sus horarios serán algo distinto a lo que manda el decreto N° 6/21. 

"De domingos a jueves: último ingreso de cliente 00:30, cierre definitivo 1:30 am. Viernes, sábados y víspera de feriados: último ingreso de clientes 1:30, cierre definitivo 2 am. De esta manera queda informado a los consumidores los horarios vigentes para poder acudir a los bares con el correspondiente tiempo necesario para retornar a sus hogares", señaló Aehgar, algo de lo que en el Ejecutivo municipal nadie dio crédito, pero tampoco refutó.

En cambio, los inspectores avanzaron y clausuraron el bar The Roof, en avenida Carballo al 200, que se promocionaba en Instagram con evidentes normativas que infringían el protocolo sanitario. Al respecto, Zignago reveló que se ha asignado un equipo destinado a detectar en redes sociales toda convocatoria que pueda ser el preludio de una fiesta clandestina. Algo similar ocurrió el viernes, con la clausura de la disco Blue, en la costa norte.

El subsecretario de Prevención y Control Urbano de la provincia, Alberto Mongia, extendió el control a municipios y comunas de la región. "Vamos a incrementar los controles preventivos y los patrullajes permanentes, pregonando el sentido común de las personas, porque ninguno querrá que le afecte el bolsillo o tener un proceso penal”, dijo.

La infracción al decreto incurre en una violación al Código Penal y, llegado el caso, depara una sanción de entre 6 meses a 2 años de prisión de ejecución condicional. 

“Apuntamos a que se entiendan las responsabilidades individuales y grupales, desde los organizadores a los concurrentes a los eventos, porque vamos a aplicar la ley en todo su sentido, pero queremos que la sociedad entienda que debemos cuidarnos entre todos para frenar los contagios”, procuró Mongia.

Desde los principios de pandemia, cuando intervenía el fiscal Gustavo Ponce Asahad –antes de ser destituido e imputado de corrupción–, ya no se procedía a arrestos civiles por infringir normas de la pandemia. Solo ocurrió con los organizadores de una fiesta clandestina realizada en Funes en Nochebuena. La idea consensuada de ahora en adelante es volver con ese rigor y hacer cumplir la restricción horaria a rajatabla, en la calle y también en ámbitos privados mediante allanamientos judiciales.

Un funcionario del Ministerio de Seguridad, Facundo Bustos, planteó ayer que la intención es "frenar el virus y respetar la actividad económica, por eso al plantear estos horarios creemos que no vamos a perjudicar, sobre todo, al sector gastronómico, pero vamos a profundizar los controles con retención de vehículos, multas económicas y la intervención del MPA para implementar procesos penales”, adelantó. Y todos instaron a la población a denunciar "la sospecha o conocimiento de fiestas clandestinas". 

El fiscal penal Luis Schiappa Pietra ratificó el celo punitivo de esta etapa: "Estamos trabajando sobre varias investigaciones por organizaciones de fiestas clandestinas y eventos masivos, y seguiremos trabajando en el secuestro de vehículos, detención o aprehensión de los organizadores. Y, si hay posibilidad, secuestrar la recaudación o instrumentos para realizar este tipo de fiestas”.

Y concluyó: “Nuestra intención es ir con todo lo que implica la ley en cuanto a los organizadores o realizadores. Obviamente que las sanciones no van a ser las mismas para los organizadores que a los recurrentes, pero nuestra idea es aplicar sanciones a todos a fin de concientizar a toda la población”.