Dos hombres fueron imputados ayer por conformar una red de prestamistas informales que cometían usura crediticia y ejercían hechos de violencia cuando no les pagaban bajo la modalidad pretendida. Para la fiscal Valeria Haurigot "se aprovechaban de situaciones de necesidad" de las víctimas. La investigación dio cuenta de que los hechos comenzaron al menos a inicios de 2020 y las operaciones se desarrollaban en el Mercado de Productores de 27 de Febrero y San Nicolás. Ayer los implicados fueron imputados por siete casos, aunque se investiga el estimativo de unos 400 préstamos. Uno de los detenidos fue acusado también de intento de homicidio en un hecho de amedrentamiento, donde resultó herido un changarín. Ambos quedaron en prisión preventiva. En la misma audiencia fue imputada en libertad una agente de policía, por encubrimiento; y todavía hay personas prófugas.

La investigación comenzó tras un hecho de sangre en Patagones al 4100, en agosto pasado, donde un changarín sufrió dos heridas de arma de fuego tras haber incumplido pagos a la banda. El ecuatoriano José Ch. fue detenido el miércoles pasado en una serie de allanamientos ordenados por los fiscales Valeria Haurigot, Pablo Socca y Federico Rébola. Ayer, fue acusado por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y usura crediticia agravada por habitualidad o profesionalismo. En el hecho de sangre, junto con otra persona llegaron a la casa de la víctima y lo llamaron desde la puerta con la excusa de ofrecerle un trabajo. Cuando se acercó le dispararon en el estómago. El juez Héctor Núñez Cartelle ordenó que quede en prisión preventiva por 90 días. 

El otro detenido es el colombiano Rafael B. A., quien estaba prófugo y se presentó ante la Justicia el jueves. Ahora estará en prisión preventiva por el plazo de ley. La fiscal Haurigot lo acusó, junto a Ch. y otras personas no identificadas, de "aprovecharse de la situación de necesidad y carencia de las víctimas, explotando económicamente esas circunstancias mediante prestaciones exorbitantemente desproporcionadas consistentes en el cobro de intereses usurarios, logrando ventajas patrimoniales a consecuencia del apremio económico de sus víctimas".  

Así, les atribuyó siete hechos cometidos solamente entre julio y noviembre de 2020. En las operaciones se constató un "desequilibrio contractual consistente en la restitución del capital con más el pago de un interés compensatorio usurario del 360% anual". 

En los operativos también fue aprehendida la policía Liliana A., quien se desempeña en la Agencia de Investigación Criminal. Bajo caución de 10 mil pesos quedó imputada por incumplimiento de los deberes y encubrimiento, ante la omisión de denuncia, luego de haber intervenido para favorecer a otro de los imputados, en un control policial, ya que no podía justificar tener encima 40 mil pesos. "Se comunicó con el personal policial actuante, ostentó su cargo y realizó alegaciones falsas sobre el origen, destino y propiedad del dinero logrando frustrar el actuar policial favoreciendo al acusado para eludir la investigación", expresa la acusación. Sumado a ello, anteayer la mujer protagonizó un hecho en el que terminó con un disparo en el pie al limpiar su arma reglamentaria.

En tanto, las escuchas que hay en la causa permiten entender que existen "jerarquías y una organización subyacente" de la que los acusados forman parte. La fiscal Haurigot dijo en Radio 2 que se trataba de "préstamos conocidos como 'gota a gota': pagos diarios o semanales en los que se termina devolviendo mucho más. En un solo préstamo llegan a dar 100 mil pesos a devolver en 30 días".