Ordenanza 15.755 de la ciudad de Salta

Con difusión y relevamientos, aplican la moratoria a irregularidades edilicias 

La municipalidad de la Capital se encuentra en la etapa de aplicación de la recientemente sancionada normativa que permite declarar faltas de menor envergadura en edificaciones terminadas o con un 80 % de avance.

Aprobada en septiembre del año pasado en el Concejo Deliberante salteño, la ordenanza 15.755 da la posibilidad de declarar transgresiones a las habilitaciones y autorizaciones otorgadas para edificaciones en la ciudad de Salta. La declaración se puede hacer para obras con un avance del 80%, siempre que no generen un riesgo o perjuicio a terceros. Si las faltas son de menor envergadura, se pueden declarar aún en el caso de edificaciones ya terminadas. 

La municipalidad organiza desde el año pasado distintos operativos con el objetivo de detectar estas irregularidades, a lo que le sumó la semana pasada reuniones para difundir los alcances de la normativa entre los profesionales de la construcción.

Al respecto, desde la comuna informaron que el propósito es “procurar la identificación de las edificaciones en contravención a la normativa y determinar el tipo de incumplimiento de las normas de edificación y urbanismo vigentes, con su correspondiente articulado, y registrar y regularizar todas aquellas construcciones existentes sin declarar”.

En tanto, la subsecretaria de Obras Privadas de la Municipalidad, Pía Ruiz De los Llanos, explicó que la ordenanza "contempla, no sólo la registración de aquellos inmuebles existentes que se encuentren incumpliendo la normativa actual, sino que invita a que sean registrados todos aquellos existentes sin documentación aprobada, ofreciendo un beneficio del 60% sobre el monto total del recargo establecido en la ordenanza tarifaria”.

Entre las irregularidades toleradas para esta regularización se consideran el incremento del Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y el del Factor de Ocupación Total (FOT), superar la altura permitida, siempre que no sea de más de un piso la altura total permitida para la zona y no sea mayor de tres metros y medio de lo establecido en el Código de Edificación.

También son faltas previstas para regularizar si hay menos cocheras que las exigidas en el reglamento, excesos de balcones y cuerpos salientes, carencia de habitabilidad y el incremento de unidades habitacionales y/o comerciales.

Todas estas circunstancias están debidamente identificadas en la ordenanza y allí se estima cuantas unidades tributarias deberán pagar, las que varían según la gravedad y cuantificación de la falta.

Con esto la municipalidad contará con información actualizada de los edificios de altura de Salta, pero además tendrá una herramienta más de recaudación a partir de las multas a aplicarse.

Este tipo de ordenanza es la primera que se sanciona durante la gestión de Bettina Romero, pero modelos similares ya se aplicaron con anterioridad. El último antecedente fue durante el anterior mandato de Miguel Isa.

Excepciones y estadísticas

La propia ordenanza explicita que hay situaciones que no son tolerables para regularizarse por considerarse faltas inadmisibles por el riesgo que conllevan. Entre estas se incluye no contar con la verificación de la aplicación de las normas sismorresistentes, no cumplir con la correcta instalación eléctrica, edificaciones de acceso público que afecten la seguridad pública por haber sido sido ejecutadas contraviniendo las normas o las construcciones que invadan propiedad de terceros.

Tras la reunión con los profesionales, Ruiz de los Llanos destacó que la ordenanza permitirá volcar toda la información en datos estadísticos, incluyendo el registro de ascensores en edificios de altura, edificios habitados que mantienen aún medidores de obra, edificios que se encuentran con habitabilidad o final de obra, cuántos se encuentran habitados, cuántas unidades funcionales tienen, entre otros datos de interés. 

La funcionaria resaltó que “la registración de edificios existentes y el cruce de los datos estadísticos brindará tranquilidad y seguridad a quienes eligen vivir en edificios de altura”.

En la reunión participaron el presidente del Colegio de Arquitectos (CAS), Pablo Romero; la titular del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (CoPAIPA), Marianela Ibarra, y Gabriel Barbito, titular del Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos Relacionados con la Construcción (COMMOTECSA), entre otros.

Hay 193 obras en ejecución

A fines del año pasado la municipalidad salió a relevar las construcciones en la ciudad y detectó 193 obras en ejecución sobre las que se realizará un cruce de información para conocer cuáles tienen planos aprobados y las que revisten carácter de clandestinas.

También hicieron hincapié en el estado técnico de los ascensores, para lo cual la municipalidad trabaja con un registro de empresas autorizadas para su verificación, los profesionales permitidos por el Copaipa como instaladores y la supervisación de que se cumpla con la presentación de constancia de mantenimiento cada 6 meses. 

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