La fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, pidió la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres policías acusados de haber golpeado al conductor de una moto hasta dejarlo inconsciente durante un control vial en la ciudad de Metán.

Camila Belén Orellana, de 24 años; Ángel Aníbal Correa, de 40; y Jesús Manuel Atienzo; de 39; de la División de Seguridad Urbana de Metán, están imputados por vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el domingo 10 de marzo de 2019, cerca de las 17, un motociclista circulaba por la calle 9 de Julio, frente a la plaza de Villa San José, en Metán, cuando se le adelantaron ocupantes de una camioneta de la fuerza, con la que luego se le cruzaron obligándolo a detenerse. Del móvil bajaron efectivos policiales, quienes advirtieron al denunciante que circulaba en contramano, a lo que el hombre contestó que “iba despacio”. Luego le pidieron los papeles de la moto y el conductor respondió que “no tenía como llevarlos”.

En ese momento lo llevaron detrás de un automóvil estacionado sobre la calle Urquiza y lo golpearon. El motociclista contó en la denuncia que uno de los policías le agarró los brazos, mientras otro lo golpeó, sin saber si fue con un palo o con los puños. El hombre fue agredido hasta que perdió el conocimiento y supo después que fue trasladado a la Comisaría 30, a bordo de otro móvil.

La información oficial señala que el hecho fue corroborado con la declaración de una testigo, quien presenció el momento en el que los policías cruzaron al motociclista y lo golpearon. Además, el examen médico certificó “hematoma en el ojo izquierdo, herida cortante en parpado superior izquierdo de 3 centímetros, derrame conjuntival, hematoma bipalpebral izquierdo, hematoma en pómulo izquierdo, excoriaciones lineales en mejilla izquierda y dolor en mandíbula izquierda y región costal izquierda por golpe”. También le diagnosticaron disminución de agudeza visual del ojo izquierdo.

La fiscala consideró que los imputados excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a la Policía a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”. Detalló que las lesiones constatadas "permiten sostener que la conducta desplegada afectó los derechos del sujeto pasivo, que ha recaído en la concreta conculcación de su dignidad y la integridad personal". Y además, que la violencia infligida "configuró un trato denigratorio y humillante, que tuvo por fin mortificar a la víctima, lo que produjo un ataque a su dignidad como persona".

Simesen de Bielke recalcó que un ilícito como una contravención "no puede agravar, mediante el uso de la violencia, la situación en desarrollo".

Violencia institucional 

En Salta la violencia policial viene siendo denunciada por los organismos de derechos humanos y cobró notoria visibilidad durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de la covid-19, en que el control de las medidas quedó a cargo de la fuerza de seguridad. Esta situación también se repitió en otras provincias del país.  

Por otra parte, ayer la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca; el diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Hugo Yasky, y el diputado nacional e integrante de ambas comisiones, Leonardo Grosso, presentaron un proyecto de Ley Integral Contra la Violencia Institucional. El propósito es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, y otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.

El abogado Martín Plaza, miembro de la Asociación de Pensamiento Penal, la agrupación HIJOS y el Colectivo de Abogades Populares, consideró que la propuesta legislativa que se llevará al Congreso es una reivindicación histórica y una deuda de la democracia. Destacó que el proyecto propone la creación de un registro nacional que sistematice los casos de violencia institucional en las provincias. "Es lo que veníamos  demandando en Salta", expresó.

Plaza recordó que han venido siguiendo, informando y acompañando casos de violencia policial en la provincia, en particular el año pasado y presentaron un informe sistematizado en junio sobre la cantidad de casos y denuncias que hubo en período del ASPO. 

El abogado consideró que en el período de distanciamiento, hubo una disminución "en la cotidianeidad de los hechos", pero la violencia policial siguió sucediendo, "con menos frecuencias pero más violentos, a finales del año pasado y este año, con represión e intento de despojo territorial a comunidades indígenas, comunidades vulnerabilizadas en los barrios y asentamientos"  

Plaza dijo que el año pasado denunciaban el modus operandi de la fuerza policial, que disparaba en el ojo a las personas y en Salta mutilaron la vista a 10 personas, según lo que registraron hasta octubre. Indicó que esa modalidad se evidenció con el disparo en el ojo que recibió la amiga de la víctima de femicidio Úrsula Bahillo, en Buenos Aires, mientras reclamaba justicia en una movilización. 

El abogado enfatizó en que se conocen solo los casos que se denuncian y que muchos otros quedan en la "intimidad" porque no todas las personas realizan las demandas contra la policía. 

Opinó que contar con una ley contra la violencia institucional implicaría tener una herramienta para luchar. "Salta no es la que tenga mejor registro en adherir a leyes que restituyen derechos", sostuvo y ejemplificó con la Interrupción Legal del Embarazo o la ley de Educación Sexual Integral. Consideró que esto se debe al  "al conservadurismo, de los últimos gobiernos provinciales incluido el presente". También señaló que el gobierno salteño no reconoce la violencia institucional como una práctica sistemática y estructural. 

El letrado evaluó como importantes algunos puntos del proyecto que establecen que debe haber un equipo para el acompañamiento a las víctimas, y dijo que con voluntad política esto podría implementarse en Salta, con los equipos que hay en la Secretaría de Derechos Humanos o incorporando más personal técnico, como profesionales de psicología y abogacía. Indicó que el proyecto contra la violencia institucional es "aplicable" en la provincia. 

También señaló que el proyecto prevé un plazo para que las provincias que aún no han conformado los comités contra la tortura puedan hacerlo en 12 meses. Recordó que en Salta hay muchas dilaciones, ya que el Comité aún no comienza a funcionar, y faltaba solo la designación del representante por la Cámara de Senadores, y que el gobierno incluya al organismo como parte del presupuesto provincial.

"La no portación de arma letal en manifestación publica es muy importante", añadió el abogado y de igual forma que se prevea una instancia de diálogo "a cargo de parte civil"

Si bien falta que el proyecto se discuta en el Congreso, Plaza opinó que sería importante que no se pierda el espiritu de lo elaborado en esta propuesta.