Cada nuevo femicidio muestra el fracaso de las políticas públicas, la insuficiencia de la respuestas institucionales, la incapacidad de la justicia para constituirse en un mecanismo que contribuya a la protección. Más aún cuando se trata de femicidios anunciados, cuando hubo señales y avisos concretos cumpliendo con la interpelación reiterada desde las instituciones para que las jóvenes y mujeres denuncien y activen los mecanismos de los que disponen los estados a nivel nacional, provincial y municipal.
Cuando eso pasa, cuando la promesa de una vida libre de violencias queda en las letras de las normas pero no alcanza a las vidas de las mujeres, tenemos la obligación moral (y legal) de analizar dónde se ha fallado. La responsabilidad del Estado implica también la obligación de asegurar un aprendizaje institucional para que esas fallas no se cobren nuevas vidas.
En Argentina, como en la mayoría de los países de la región, hay leyes, hay planes de acción, hay instituciones creadas con la responsabilidad específica de abordar el tema de las violencias por razones de género (en todos los niveles de gobierno), hay presupuesto asignado (y desde hace algunos años, incluso etiquetado para poder facilitar el monitoreo de su aplicación). Sin embargo todavía se registran problemas sumamente graves.
La articulación entre las instituciones del Estado sigue siendo muy deficiente: las fuerzas policiales no coordinan su trabajo con la justicia ni con los Municipios; el Poder Judicial no actúa con celeridad e ignora los antecedentes de los que dispone que mostrarían la necesidad de actuar de forma urgente frente a muchas situaciones. Además, en muchos casos se toman decisiones estandarizadas como si cada caso fuera igual al anterior, sin considerar las particularidades de cada situación y de cada mujer. Así, las medidas de "no acercamiento" se reiteran en una producción en serie que nadie se dispone a monitorear con seriedad, y cuyo incumplimiento por parte del agresor tiene pocas (si alguna) consecuencia.
En medio de todo, las jóvenes y mujeres con sus vidas a cuestas cargan en sus espaldas el peso de mover las maquinarias institucionales, en un laberinto difícilmente comprensible para alguien en situación de violencia. El acceso a la justicia sin patrocinio jurídico gratuito y sin políticas activas de contención y acompañamiento es poco más que una consigna vacía.
Las organizaciones de la sociedad civil somos parte del colectivo inmenso que logró llevar el tema de las violencias a un lugar relevante de la agenda pública. La responsabilidad de articular respuestas efectivas, concretas, adecuadas, es del Estado.
Es abogada, directora ejecutiva de ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y del Proyecto Cerrando Brechas para Erradicar las Violencias contra las Mujeres
