Burford contra YPF. La jueza neoyorquina citó a los Eskenazi 

Fondo buitre con las alas plegadas

Loretta Preska ratificó que los ex dueños de las acciones de YPF deberán tetimoniar en EE.UU. acerca de su vínculo con el fondo litigante.
Imagen: Adrián Pérez

La demanda del fondo buitre Burford contra YPF y Argentina en el Segundo Distrito Sur de Nueva York registró este jueves otro capítulo que tuvo signos favorables al país. En una reunión virtual que ya estaba pactada hace tiempo, la jueza Loreta Preska ratificó por tercera vez que Enrique, Sebastián, Matías y Ezequiel Eskenazi deben dar testimonio en los Estados Unidos y tienen que presentar en los próximos tres meses los documentos necesarios a fin de determinar su grado de implicancia en los derechos del juicio que adquirió Burford, luego del quiebre de dos empresas del grupo dueñas del 25 por ciento del capital accionario de YPF.

La determinación de la jueza se da a pesar de que los Eskenazi prestaron declaración ante la Justicia argentina. Si bien los demandantes pretendían que esa declaración sea suficiente, la jueza hizo lugar a la postura argentina y ratificó la necesidad de que los empresarios se presenten ante la Justicia norteamericana. Esa presentación debe realizarse con la presencia de los abogados de Argentina y de YPF. Los empresarios pueden recibir preguntas por un período de hasta 7 horas cada uno, previa presentación de la documentación que la jueza solicitó.

Dado el requerimiento de la jueza, los demandantes pedían un lapso de 30 días para la nueva presentación, aunque finalmente Preska otorgó 90 días, en línea con el planteo nacional.

La jueza se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, denominada “Discovery”, que permite que cada una las partes pueda obtener, antes del juicio, información de la otra; aportar la prueba documental y suministrar la información requerida por la contraria. Las primeras audiencias del juicio están programadas para octubre de este año.

La solicitud de información a los Eskenazi fue realizada por los abogados que representan a la Argentina en el marco del proceso de discovery. La responsabilidad por la resolución de ese pedido está en manos del Grupo Petersen, que es el inversor quebrado de YPF y el demandante que figura en la causa, aunque en la práctica sea el buitre Burford que compró los derechos para litigar. Según la jueza Preska, Petersen tiene la misión de garantizar la disposición de los Eskenazi tanto para dar testimonio como de brindar la documentación requerida para seguir adelante en el juicio. El Grupo Petersen dice que no tiene relación con los Eskenazi. Y Petersen Energía, originalmente creada por los Eskenazi, insiste en que se desvinculó una vez quebradas las empresas.

El fondo del juicio contra YPF y el país radica en que los los demandantes reclaman una indemnización por la supuesta violación del estatuto de YPF en que habría incurrido en su momento el gobierno argentino, al no ofrecer comprar las acciones de YPF en poder de los accionistas minoritarios cuando se expropiaron las acciones clase D representativas del 51 por ciento del capital de YPF que eran propiedad de Repsol.

En otras palabras, el gobierno argentino expropió y luego pagó a Repsol su parte del paquete accionario (51 por ciento) y con ello pasó a controlar la petrolera. Pero no se tocó la estructura accionaria del 49 por ciento restante de la petrolera.

Resulta que la nueva política de no distribución de dividendos que aplicó el gobierno argentino en YPF afectó al Grupo Petersen, propiedad en su momento de la familia Eskenazi, que tenía el 25 por ciento del capital social de YPF y presentó la quiebra en España. Allí aparece el fondo inglés Burford Capital Limited, que compró en la Justicia el control de los derechos litigiosos del Grupo Petersen y así impulsa y financia desde 2015 el juicio contra la Argentina.

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