Los datos que suministra el Indec sobre el costo de la canasta básica e ingresos de la población permite anticipar una estimación de los datos de pobreza e indigencia por trimestre, antes que el organismo de estadísticas oficiales dé a conocer la información semestral. Así, a través de un trabajo de investigación del IPyPP coordinado por Ana Rameri, se calculó que el índice de pobreza del tercer trimestre de 2020 se habría ubicado en el 38,7 por ciento y el de indigencia, en el 10,6 por ciento. 

Cifras preocupantes, pero sensiblemente inferiores a las que se estiman para el trimestre previo, cuando la cuarentena estricta ordenada tras la declaración de la pandemia del coronavirus paralizó buena parte de la economía nacional. 

Los resultados ya conocidos del rebrote inflacionario a partir de octubre, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el período y cierta desaceleración en el ritmo de recuperación económica de los últimos meses de 2020, permiten prever que los niveles de pobreza podrían haber vuelto a subir hacia fin de año. Es posible que haya seguido recuperándose el empleo, pero no en proporciones tan significativas como para revertir los factores negativos.

La secuencia de la línea de pobreza dibuja una trayectoria que describe las consecuencias sociales de la doble recesión sufrida por el país de manera sucesiva, la de Macri 2018 y la del Covid 19. El gobierno de Cambiemos terminó con recesión y pobreza galopante, que ya se gestaba en los desajustes financieros a inicios de 2018 y se perfeccionó con el programa acordado con el FMI en mayo. Cayó la actividad económica, aumentó la pobreza y el país enfiló derechito hacia el default. Ese sendero recesivo se tradujo en una pobreza del 33,1% en el tercer trimestre de 2019 y del 37,9 en el cuarto (datos de IPyPP, fundado por Claudio Lozano, ex diputado nacional y actual director del Banco Nación), cerrando el ciclo macrista.

Llegó Alberto Fernández y ni tiempo tuvo de corregir el desmadre económico y social. Antes de culminar el primer trimestre de 2020 el país se declaró en pandemia y en el segundo trimestre, parado por la cuarentena, la pobreza se estima que saltó al 47 por ciento. Lo notable es que en el trimestre siguiente, se moderó y bajó más de 8 puntos, al 38,7%, mientras que la indigencia descendía del 12,4% del segundo trimestre al 10,6 en el cuarto.

La parálisis de diversas actividades en el segundo trimestre provocó que se perdieran 3,7 millones de empleos. Con la reapertura parcial de ciertos sectores en el tercer trimestre se recuperaron 1,7 millones de puestos de trabajo. También hay un impacto favorable en el ingreso en el período por el pago del medio aguinaldo a los asalariados, mientras que las políticas de contención permitieron que el sector laboral más afectado cobrara dos IFE en el trimestre (en el período anterior, de abril a junio, sólo se llegó a completar el pago del primero). 

La fuerte reducción de la pobreza en el tercer trimestre, que se explican por las razones señaladas, es poco probable que se haya repetido en el último cuarto del año. Octubre, noviembre y diciembre fueron los meses en que se volvió a acelerar la inflación pese a las políticas de contención intentadas por el gobierno nacional sobre productos de consumo masivo. El índice de precios al consumidor aumentó a un ritmo del 3 al 4 por ciento mensual en dicho trimestre. La canasta básica, 5,7 por ciento en octubre, 3,7 en noviembre y 4,7 en diciembre. Está descontado que ese incremento en los precios no fue equiparado por el aumento en los ingresos. 

Mientras la actividad económica siguió recuperándose en el segundo semestre del año, pero a un ritmo más pausado que el evidenciado a la salida de la cuarentena total, probablemente se haya verificado un repunte adicional del empleo, pero no en medida tal como para revertir la pérdida de los dos millones de puestos de trabajo pendientes de la caída al desatarse la crisis de la pandemia, ni como para revertir la pérdida de capacidad adquisitva de los salarios por el efecto de la inflación en el período de octubre a diciembre.

En consecuencia, no debería sorprender, cuando se tengan los datos, que la pobreza puede haber trepado algún escalón en el cuarto trimestre por sobre el 38,7% informado por IPyPP para el tercero.

En las últimas semanas el gobierno nacional ha desplegado una serie de instrumentos para buscar enfrentar las presiones inflacionarias y desalentar expectativas. Tuvo resultados parciales positivos. Despejó del horizonte inmediato --no es una victoria definitiva, sin embargo-- el temor a una megadevaluación. Los acuerdos de precios y salarios, en tanto, recién dan sus primeros pasos en la mesa de negociación. Pero el gobierno planteó con precisión sus pretensiones: una inflación anual que no supere el 30%, un tipo de cambio que evolucione apenas por debajo y salarios que crezcan "dos o tres puntos" por arriba. Además, el ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó que la estrategia es la recuperación económica en base al crecmiento del consumo interno.

¿Están dados los instrumentos para lograrlo? El compromiso oficial de recortar el déficit fiscal llevó a dejar de lado herramientas como el ATP y el IFE, dos formas de transferencias de recursos a la actividad económica que fueron reemplazadas, muy parcialmente, por los Repro (complemento salarial de menor alcance y monto más reducido por trabajador). La desaceleración en el ritmo de recuperación económica empieza a evidenciarse como el resultado de una combinación entre: a) sectores productivos que vuelven en forma muy despareja a la actividad, porque muchas empresas quedaron en el camino, y b) una demanda que no siempre responde a la mayor oferta  cuando la producción se vuelve a poner en marcha.

La inflación siguió pegando fuerte en enero y en lo que va de febrero. Aun para quienes conservaron su trabajo, el recorte en su capacidad de compra es innegable. "Los empleados de mi fábrica están mal, descontentos, sienten que el salario les alcanza para los gastos del hogar y para alimentos pero no mucho más, no gastan en lo que antes compraban; y esto lo estamos sintiendo en el bajo nivel de ventas de todos los productos manufacturados", señaló a este diario un referente industrial del sector textil. "Con legitimidad, el trabajador nos reclama un aumento porque la carne y las verduras le cuestan 10% más de un mes a otro,¿y con qué le voy a pagar si el mercado interno para nuestra producción sigue en recesión?"

El desajuste entre aumentos de precios e ingresos de la población ya está producciendo estos cortocircuitos en una vasta cantidad de lugares de trabajo. Sobre todo en pymes de menos de veinte trabajadores, que son más del 85% de las empresas del país. Y en muchos de esos lugares de trabajo, los salarios también empiezan a jugar muy al límite, cuando no ya por debajo, de la línea de pobreza. 

Cuando la pobreza alcanza al 40% de la población, ya no es un problema de sectores "marginales".