La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una presentación ante la justicia federal de Bariloche para ser querellante en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel Salvo, ocurrido en noviembre de 2017. A través de esta solicitud, el área a cargo de Horacio Pietragalla busca impulsar la investigación por esta muerte, que según las pericias que constan en el expediente, fue asesinado por una bala de un miembro del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, durante un operativo por un conflicto territorial durante la gestión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

El operativo que se desplegó el 25 de noviembre de 2017 estuvo a cargo de la unidad Albatros en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, cuando integrantes de la comunidad reclamaban por tierras en la zona. Fueron seis los agentes que llevaron adelante la persecución en el predio que terminó en el asesinato. "Con la solicitud de ser querellante, la Secretaría de Derechos Humanos busca dar una señal de repudio a los hechos de violencia institucional, contribuir a la búsqueda de Verdad y Justicia como paso fundamental para la no repetición de estos casos, y asimismo evitar que el Estado argentino sea condenado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos", expresaron oficialmente.

El mes pasado, una tercera pericia en la causa aseguró que el proyectil que mató a Rafael Nahuel salió del arma de otro Albatro, no de Javier Pintos como había indicado el primer estudio. En este expediente se realizaron tres pericias balísticas, todas con resultados diferentes. Ahora se señala al cabo Primero Sergio Cavia, quien, junto a otros cinco Albatros ingresó aquel 25 de noviembre de 2017 al territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu y desató una persecución y balacera que culminó con dos heridos y la muerte de Nahuel, según publicó el sitio En Estos Días. 

Una primera pericia realizada pocos días después del asesinato y bajo la conducción del reconocido perito Roberto Nigris, determinó de manera indubitable que el disparo mortal provino del subfusil MP identificado con el número de serie B 05-C335508. Es decir el arma que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos. El Juez Gustavo Villanueva, quien subrogaba al momento del hecho el Juzgado Federal de Bariloche, ordenó un segundo peritaje y se lo solicitó a la Gendarmería, cuyos peritos aseguraron que no era posible determinar la procedencia del disparo que acabó con la vida del joven mapuche.

Graciela y Alejandro, madre y padre de Rafael

Ese informe permitió que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py, tumbara el procesamiento por “homicidio agravado” que pesaba sobre Pintos. Así, tras varias instancias de apelación, el nuevo Juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, solicitó que se efectúe un tercer peritaje, que encargó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta. Ese estudio arrojó como resultado el sorprendente dato de que, supuestamente, el proyectil 9 mm que mató a Rafael Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el Cabo Primero Sergio Cavia.

El abogado de la APDH querellante en esta causa, Sebastián Feudal, dijo a ElDiarioAr que solicitarán nuevas medidas y la constrastación de los resultados de esta pericia con los autores de la primera, de manera de descartar cualquier tipo de futura diferencia técnica que complique el pedido de procesamiento de Cavia.