Y un día Juan Pablo Augé volvió a hacerse cargo de la megacausa de espionaje macrista que tramita en Lomas de Zamora. Después de que el juez federal de Quilmes Luis Armella se excusara de intervenir en la investigación sobre el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Cámara Federal de La Plata sostuvo que debe entender él por ser magistrado de la jurisdicción. Es el mismo juez que ya procesó a 39 imputados.

Augé había dejado la causa el viernes pasado después de que se cumplieran dos años de subrogancia en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, donde está radicada la investigación por espionaje. La Cámara Federal de La Plata designó como subrogante al juez Armella, que seguirá al frente del juzgado de Lomas por un mes más, pero rechazó hacerse cargo de la causa de espionaje. Se alejó por violencia moral, alegando que él tiene relación habitual con el juez que fue apartado de la investigación. Se refiere a Federico Villena, que fue separado en julio pasado por la Cámara de La Plata por temor de parcialidad.

Ahora, la Cámara entendió que, pese a que Augé terminó su subrogancia en el juzgado, esto no le impedía hacerse cargo de esta causa en particular porque su colega se excusó. Además, el otro juez de la jurisdicción ya había sido separado por el tribunal de alzada. Augé seguirá al frente de la causa sin plazos.

Augé estuvo inicialmente a cargo de la investigación sobre el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, surgida después de una denuncia de la interventora Cristina Caamaño. En esa causa, procesó al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas,  a la exsubdirectora Silvia Majdalani, al exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y al exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz. 

Cuando la Cámara Federal de La Plata separó a Villena, Augé empezó a entender en la investigación más extensa sobre la inteligencia ilegal durante el macrismo, que incluye tanto el espionaje sobre propios y ajenos de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario, que tiene una pata en la órbita de las cárceles federales y otra en una alcaidía bonaerense. Por esta causa, procesó a Arribas, Majdalani, Ruiz y a otros 35 imputados.

La instrucción de la causa está delegada en la fiscalía de Lomas de Zamora. Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide avanzan por el tramo vinculado al espionaje penitenciario, que pone en escena al Servicio Penitenciario y a la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI.

Más allá del juez a cargo, en los tribunales de Comodoro Py se libra la principal batalla, la que tiene que definir dónde continuará la investigación. Dos semanas atrás, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación -- con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo -- decidió que la causa siga en los tribunales de Comodoro Py. Ese traspaso se frenó porque CFK interpuso un recurso para llevar el tema a la Corte Suprema. El plazo para apelar se vence este jueves. Entonces, los casadores tendrán que decidir si conceden el recurso; en caso contrario, CFK y los otros querellantes deberán ir en queja al máximo tribunal. El fiscal Raúl Pleé -- uno de los jugadores más activos para llevar el expediente a Comodoro Py -- ya le pidió a la Casación que rechace la pretensión de la vicepresidenta. Lo hizo en línea con el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

No habrá definiciones en Casación hasta la tercera semana de marzo, sin embargo, porque, pese a que se vence el plazo para recurrir la decisión de la Sala IV, los casadores tendrán diez días más para correr traslado a las partes. Es un tiempo precioso para que Augé y los fiscales avancen.

Como medida preventiva, el fiscal Carlos Stornelli ya le anunció a la jueza María Eugenia Capuchetti que se excusaba de intervenir si finalmente la causa se muda a Retiro. Como recordó en la apertura del año legislativo el presidente Alberto Fernández, Stornelli está procesado en la causa de espionaje de Dolores. Pero Stornelli no dijo que se apartara por eso y para evitar que lo recusaran en su propia tierra de Comodoro Py, sino porque dice que es querellante en una causa en la que el juez que entiende ya dijo que no hay delito para investigar: la del llamado "Operativo Puf".