El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dio por formalizada anteayer la investigación de la investigación preliminar seguida a siete personas que están detenidas por el delito de transporte de estupefacientes agravado. El magistrado dispuso que continúen en prisión preventiva, tal como lo requirió el fiscal federal Marcos Romero, que tiene sede en Tartagal. 

Según relató el fiscal en la audiencia de formalización de la acusación, los ahora imputados fueron descubiertos en el marco de una investigación que derivó en su detención y el secuestro de 24 kilos de cocaína.

La investigación comenzó en mayo del año pasado y durante su transcurso intervinieron efectivos de la División Antidroga de la Subdelegación de la Policía Federal Argentina en Orán, en coordinación con el auxiliar fiscal federal Rafael Lamas.

La característica de este caso es que los acusados traficaban la droga en paquetes que despachaban como encomiendas a distintas localidades ubicadas a lo largo de las rutas 34 y 50, de una manera similar a un sistema de postas.

La investigación comenzó cuando se detectaron varios paquetes que contenían estupefacientes, esto motivó la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada y del Juzgado Federal de Tartagal. En su momento la fiscalía solicitó que se abriera una investigación penal preliminar antes de la formalización de cargos con el propósito de reunir más elementos de prueba e individualizar a los participantes de esta actividad. 

El fiscal recordó en la audiencia que en los meses siguientes de 2020 y a comienzos de este año se pudo establecer el patrón y la identidad de los implicados. Se estableció que para no levantar sospechas, los ahora acusados solían ocultar la droga en artefactos electrodomésticos, que siempre eran expedidos desde la ciudad de Orán.

Allanamientos en Salta y Tucumán 

Una vez que se avanzó con esa investigación previa, entre el 18 y 19 de febrero último, la fiscalía pidió que al juez federal Carlos Alberto Martínez Frugoni, con sede en Tartagal, que autorizara la realización de allanamientos. 

Estos procedimientos se hicieron de manera simultánea en las ciudades de San Ramón de la Nueva Orán y en San Miguel de Tucumán. Así se secuestraron armas de fuego, municiones, automotores, motocicletas, gran cantidad de dinero en efectivo, varias cintas de embalar, balanzas digitales, teléfonos celulares, electrodomésticos y 24 kilos de cocaína, entre otros elementos de prueba.

En vista de estas pruebas, y tras describir la responsabilidad de cada uno de los imputados, el fiscal Romero calificó su accionar dentro del delito de transporte de estupefacientes agravado, y solicitó la prisión preventiva y la autorización para avanzar con peritajes aún pendientes. Todos los pedidos fueron concedidos por el juez.