Sospechan que Sain armó una licitación a medida

Pelea con fierros de por medio

Diputados del FPCS denunciaron en Fiscalía un posible intento de fraude en la compra de armas para la Policía por 1400 millones de pesos.
El diputado Cándido, uno de los denunciantes, contra el ministro Sain. El diputado Cándido, uno de los denunciantes, contra el ministro Sain. El diputado Cándido, uno de los denunciantes, contra el ministro Sain. El diputado Cándido, uno de los denunciantes, contra el ministro Sain. El diputado Cándido, uno de los denunciantes, contra el ministro Sain. 
El diputado Cándido, uno de los denunciantes, contra el ministro Sain.  
Imagen: Foto 2 Sebastián Granata

El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, volvió al centro de la escena, esta vez como blanco de una denuncia penal por parte de diputados del Frente Progresista que lo acusan de armar una licitación para comprar armamento, a medida de una sola empresa, en una licitación con presupuesto de 1.400 millones de pesos. Desde el ministerio apuntado restaron importancia a la acusación y la compararon con "las presentaciones de (Elisa) Carrió por las vacunas, de que Alberto quería envenenar a la población".

Mientras tanto, el fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Unidad de Delitos Complejos, recibió ayer la presentación del diputado radical –ex colaborador de Maximiliano Pullaro en la gestión Lifschitz– y titular de la comisión parlamentaria de Seguridad, Juan Cruz Cándido, y de sus pares socialistas Lionella Cattalini, Rosana Bellati y Esteban Lenci. Los cargos que sugieren imputar son "tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La ofensiva opositora repara en una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que hace un mes suspendió la licitación n° 11/21, a instancias de la Subsecretaría de Contrataciones (Ministerio de Economía) y de la fábrica de armas Bersa SA. Los legisladores recogieron ese incidente y lo llevaron al fuero penal, contra el principal firmante de la licitación, el ministro Sain. 

La licitación pretendía adquirir para la Policía de Santa Fe 12.000 pistolas, 130 fusiles de asalto, 130 ametralladoras, 6 fusiles semi automáticos y 6 fusiles para francotiradores. Pero al confeccionar el pliego, se incluyó cada uno de esos ítems en un solo renglón, y con la condición de que para calificar y participar de la compulsa una empresa debía proveer de todos los requerimientos, y no de modo parcial. "Es decir, que si una empresa puede proveer las ametralladoras, pero no las pistolas, entonces queda fuera de carrera, y el Estado se pierde la posibilidad de lograr mejores precios en cada ítem", razonó Cándido, uno de los denunciantes. 

La denuncia impone lo que establece la ley 12.510, de administración y control del Estado: "no se debe incluir en un mismo renglón elementos o equipos que no configuren una unidad funcional indivisible". En sencillo, se supone que el menú de armas por cotizar "no constituye una unidad funcional", plantearon los diputados ante el fiscal. "Ello, a costo de favorecer la concesión de un virtual monopolio para la provisión de armas", deslizaron.

El tono de la denuncia es duro: "Mediante esta argucia, el Ministerio pretendió considerar como un objeto único al conjunto de elementos a adquirir, sin que medien razones técnicas o jurídicas para tal proceder. Para decirlo con toda claridad, en lugar de poder cotizarse por pistolas, por fusiles de asalto, por subametralladoras, etc., en forma individual (lo cual hubiera posibilitado obtener un mejor precio en cada rubro), se pretendió obligar a cotizar 'a todo o nada'. Sólo podían presentarse las empresas que comercializaban todos los ítems, como si se tratara de un combo y no de elementos individuales. Y está claro que en nuestro medio no abundan las empresas proveedoras de armamento que ofrezcan en el mercado la totalidad de los 'ítems'", apuntaron.

Los cuatro legisladores asentaron su sospecha "de que se esté intentando favorecer a una empresa determinada, con esta inusual disposición de 'ítems en renglón único', que en la práctica excluye a todas las empresas menos a una". Y vincularon este asunto con el distanciamiento que hubo entre Sain y su designado jefe de Policía, Víctor Sarnaglia, hasta que éste fue desplazado finalmente.

Desde la cartera que dirige Marcelo Sain no hubo respuesta ni declaraciones oficiales a esta presentación judicial, según chequeó Rosario/12. Una fuente de ese ministerio explicó que la denuncia "es humo, una ridiculez, como las presentaciones de Carrió por las vacunas, de que Alberto quería envenenar a la población". Y sostuvo que no habrá réplica porque eso sería darle entidad a algo que consideran no la tiene, y argumento a la oposición. 

En tanto, ayer desde Firmat, Sain reveló que en un juicio oral realizado en Rosario se ventiló un audio telefónico que compromete al su antecesor, el diputado Maximiliano Pullaro, y al senador Lisandro Enrico, con el comisario Alejandro Druetta, hoy juzgado por asociación ilícita y narcotráfico. Y Enrico replicó por Twitter: "Marcelo Sain dice que hay escuchas de connivencia de mi parte y Maximiliano Pullaro con el narcotráfico. Lo reto a que muestre YA las pruebas y deje de cacarear por los medios".

 

 

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