La Corte Suprema de Justicia, con el voto unánime de sus cinco integrantes, rechazó ayer el recurso presentado por las defensas de los acusados por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. En apenas una página, los supremos dejaron firme el fallo de Casación que condenó a los dos principales dirigentes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y Juan Carlos Fernández, a 15 años de prisión. La investigación original fue realizada por la fiscal Cristina Caamaño y, tras el juicio oral y los recursos, quedó como cosa juzgada que ambos dirigentes pilotearon, por teléfono, la agresión de una patota del gremio contra una movilización en la que trabajadores tercerizados peleaban por sus derechos. El interés de los dos gremialistas es que ellos mismos tenían una empresa tercerizada, es decir que organizaron la patota para defender sus propios negocios. Ferreyra acompañaba la marcha de los trabajadores y fue baleado por los matones Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez. Estos últimos, los autores materiales del homicidio, fueron condenados a 18 años de prisión, mientras que el jefe de la patota, Pablo Marcelo Díaz, recibió la misma pena de 18 años de prisión. 
La Corte no se pronunció sobre el fondo del caso, sino que simplemente aplicó lo que se denomina el artículo 280, es decir el rechazo del recurso por inadmisible, sin que se requiera ninguna explicación. En general se aplica ese artículo cuando hubo un juicio oral y un recurso ante la Casación, es decir lo que se llama un doble conforme de las condenas. El fallo de ayer, tiene apenas una página. Desde el punto de vista de la ejecución de la pena, lo resuelto por la Corte Suprema motivó un inmediato pedido del Partido Obrero de que Pedraza, de 74 años, cumpla la condena en una cárcel común, ya que el año pasado se le concedió la prisión domiciliaria. 
Las consecuencias de la resolución de los supremos son de gran envergadura porque confirma la investigación que en su momento realizó Caamaño. El asesinato se produjo el 20 de octubre de 2010, cuando los tercerizados decidieron ocupar las vías del Ferrocarril Roca, a la altura de la estación Avellaneda. Reclamaban el pase a planta permanente y la reincorporación de algunos despedidos. La patota de la Unión Ferroviaria, reclutada en talleres de ferrocarriles y en Constitución, hostigó a los manifestantes y cuando éstos se retiraban –es decir que ni siquiera cortaban el servicio de tren– fueron agredidos a balazos. Una cámara de C5N estaba en el lugar y registró buena parte de los hechos y luego Caamaño reconstruyó las comunicaciones entre los dirigentes gremiales y la patota. Durante el juicio, el CELS actuó como querellante en representación de la familia de Mariano Ferreyra. 
El asesinato produjo una enorme conmoción política y una inmediata reacción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ordenó una intensa investigación. El impacto también fue fuerte en Néstor Kirchner que murió una semana más tarde y que en ese momento quedó muy afectado por los hechos. El encarcelamiento y la condena de Pedraza eran por entonces inimaginables: el dirigente de la Unión Ferroviaria era uno de los máximos referentes sindicales del país y durante el menemismo devino en empresario, ya que se quedó con el Belgrano Cargas y otras sociedades que operaban en el ámbito ferroviario. Justamente esa fue, según la investigación, una de las razones del ataque: los gremialistas eran propietarios de empresas que brindaban servicios tercerizados por los concesionarios de los trenes. 
La resolución de la Corte confirma también la condena de los dos comisarios, Jorge Ferreyra y Lus Mansilla, a nueve y diez años de prisión. Ambos le dieron cobertura a la patota en el ataque.