Durante el debate del proyecto de ley que limita las excarcelaciones, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado recogió el rechazo de distintas organizaciones de derechos humanos y sociales pero también de organismos del propio Estado, que advirtieron que la nueva modificación en danza aumentará la superpoblación carcelaria y repite viejas prácticas de endurecimiento de penas que no dieron resultados en el pasado y se alejan de las necesarias políticas de progresividad y reinserción social de los presos, además de contradecir a la Constitución y al derecho internacional y violar las "Reglas Mandela", la normativa de Naciones Unidas para el tratamiento en las cárceles.  

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asistió a la reunión de la comisión para ratificar el respaldo del Ejecutivo al proyecto, presentado por el Frente Renovador y que tiene media sanción de Diputados, y aseguró que cuenta con el respaldo de los bloques del Senado para aprobar las modificaciones a la Ley 24.660, de ejecución de la pena, la semana próxima en la Cámara alta.  

"Con esta ley quieren dar un mensaje de seguridad y es erróneo. Lo que va a haber es mayor sobrepoblación, muerte, violencia y corrupción en las cárceles. Ningún detenido va a tener ningún estímulo de trabajar, de estudiar, de llevar adelante prácticas de reinserción social", advirtió Ariel Cejas Meliare, director de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en diálogo con PáginaI12, quien aclaró que de los 11.200 presos en las cárceles federales —un 50 por ciento por encima de la capacidad límite— "solo el 7 por ciento goza de salidas transitorias".   

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización Yo No Fui, el colectivo Ni Una Menos, la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad de La Plata fueron algunos de las organizaciones que se manifestaron en contra de repetir la política de endurecimiento de penas que el Parlamento ya probó con las leyes Blumberg, en 2004, y tras el femicidio de Tatiana Kolodziej, en 2012. 

"La clave no es retroceder en este punto sino fortalecer a la Justicia con procesos de ejecución orales, ágiles, que cuenten con equipos interdisciplinarios que den apoyo a las decisiones judiciales", señaló Cejas Meliare. 

- La Ley 24.660 establece la progresividad de la pena, ¿cómo se aplica en la actualidad?  

-  Si esta modificación se transforma en ley, deja de haber progresividad en la ejecución de la pena. Vamos a volver a cometer los mismos errores de las políticas de endurecimiento de la legislación penal. Ya se cometió un grave error a impulsar las leyes Blumberg. En 2000, teníamos 6500 presos en las cárceles federales y hoy tenemos más de 11.200 con las leyes, un aumento del 100 por ciento. Si en una cárcel para 500 personas tenés a 1000, es imposible trabajar en la reinserción. Siempre usamos el martillo, es la solución para todo. Con esta política vamos camino a la situación carcelaria de Brasil. 

-¿Y cómo agravaría esa situación la modificación que auspicia el Ejecutivo?

- Una persona que tenía una pena de 15 años y, hoy por hoy, sale a los 12 años en libertad condicional, saldrá a los 15, pero de la misma forma: sin ningún tipo de contención, sin un Patronato de Liberados que tenga presupuesto para acompañarlo. Mientras tanto, los jueces de ejecución penal tampoco cuentan con los equipos interdisciplinarios, que siguen sin nombramientos ni presupuesto y son quienes deberían analizar los informes técnico-crimenológicos del servicio penitenciario. Este proyecto propone mecanismos para otorgar la libertad que ya están vigentes en la legislación y no tienen cumplimiento. Este proyecto en lugar de avanzar, retrocede. 

-¿En qué otros aspectos?

-Los informes técnicos-criminológicos del Servicio Penitenciario pasarían a ser palabra santa, los transforma en vinculantes para los jueces de ejecución, lo que empodera a la administración penitenciaria para decidir quién sale y quién no. Esto marca un retroceso de 25 años. Sería los mismo que derogar la ley que establece a los jueces de Ejecución Penal, que se crearon para tener una mirada objetiva y más estudiada de cómo se ejecuta la pena. Hay que dotar a la Justicia de más herramientas y no menos. 

- ¿Cómo?

- Darle oralidad a los procesos de ejecución penal de los detenidos y también darle lugar a la víctima de ser escuchada. Por ejemplo, en Chubut, cuando un detenido pide la salida transitoria se cita al fiscal, al defensor, a la víctima, al empleador que le dará trabajo a quien saldrá en libertad. Todos en una audiencia exponen y el juez decide si otorga la salida o no. El proyecto obliga a todas las provincias a ajustarse a esta ley, se mete con la autonomía provincial para que tomen las mismas medidas restrictivas. 

-Otra de las críticas de la Procuración es la larga lista de delitos excluidos de la excarcelación... 

-Con esta reforma se establece que por ningún tipo de delito se puede tener un egreso anticipado, lo que es violatorio de la Constitución, del derecho internacional y de las “Reglas Mandela” de Naciones Unidas, que el año pasado el propio Ministerio de Justicia respaldó con una fuerte campaña de concientización. Una cosa son los delitos peligrosos, sobre los que se puede tener una mirada diferente, pero el sistema federal está sobrepoblado, por ejemplo, por tenencia de droga con fines de comercialización y no por narcotráfico. Es mentira cuando se dice que la mayoría de los detenidos por la Ley de Drogas son por narcotráfico. Los delitos peligros dentro del porcentaje de las cárceles federales son mínimos.

- Desde la Procuración sostuvieron que “el endurecimiento de la legislación penal y el incremento de la población reclusa no conducen a mayor seguridad”. ¿Cómo lo explicaría a través del trabajo cotidiano, a la luz de las visitas que realizan a las cárceles?

-La sobrepoblación y hacinamiento trae mayor violencia en las cárceles, más muertes y eso se transmite a la calle en el momento del egreso. Tendremos personas que no tienen contención al salir, que vivieron años en el hacinamiento. Cuanto peor tengamos las cárceles, peor será la inseguridad en las ciudades. Con esta ley quieren dar un mensaje de seguridad y eso es erróneo. Lo que va a haber es mayor sobrepoblación, muerte, violencia y corrupción en las cárceles. Ningún detenido va a tener ningún estímulo de trabajar ni de estudiar, de llevar adelante prácticas de reinserción.

- Mientras tanto, el Sistema Penitenciario continúa funcionando como fuerza de seguridad con una ley orgánica de la dictadura...  

- El Ministerio de Justicia convocó a una mesa de trabajo de la que participan la Procuración, el Cels, entre otros organismos de derechos humanos, jueces de ejecución penal y representantes del Sistema Interdisciplinario de Cárceles de Casación, para trabajar sobre una nueva ley orgánica, que crea una agencia civil penitenciaria y eso es un adelanto. Sin embargo, en el Congreso tenemos un proyecto de ley totalmente restrictivo que empodera al Servicio Penitenciario, que le da la potestad de decidir quien sale y quién no.