A días de cumplirse 45 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, urge la implementación de medidas y recursos que se orienten a permitir el avance de los procesos judiciales en el menor tiempo posible. Según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, del 4 de diciembre de 2020, “persisten demoras en diferentes instancias”.
Desde la reapertura de las investigaciones judiciales en 2006, tras la anulación de las leyes de impunidad y los indultos, se dictaron 250 sentencias, de las cuales 173 (un 70 por ciento) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, por lo que no se encuentran firmes.
Según el estudio, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses; desde la elevación a juicio hasta el veredicto es de 2 años y 4 meses en promedio, y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema es 3 años y 7 meses. Asimismo, el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.
En 14 años, 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales fallecieron 904: 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.
Frente a crímenes de lesa humanidad, el juicio y castigo, aquello a lo que los organismos de Derechos Humanos le dieron estatuto de lo “no negociable”, se presenta como reparación posible. Por lo tanto, se torna inexorable para alcanzar la consolidación democrática y la legitimidad del Estado. En ese marco, las políticas universitarias de apoyo y asistencia a víctimas, testigos y querellas contribuyen al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
