“Una provincia como Buenos Aires, que fue arrasada por el terrorismo de Estado, no puede no tener un archivo que cuente ese capítulo de su historia.” Quien lo asegura es Guillermo Clarke, flamante director del flamante Archivo Provincial de la Memoria bonaerense

Creado por el gobernador Axel Kicillof en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, resguardará y brindará a la comunidad toda información generada en las estructuras propias del Estado provincial o reunida y atesorada por anónimos “guardianes y guardianas de la memoria” vinculada a la última dictadura cívico eclesiástica militar y a los crímenes que durante aquellos años se cometieron bajo el paraguas del poder público.

 “Que sirva para reflexionar sobre nuestro pasado, pensar nuestro presente y proyectar nuestro futuro, porque la memoria no es algo museológico, queremos que sea algo vivo, que sirva para accionar”, remarcó el subsecretario de Derechos Humanos local, Matías Moreno. Funcionará en el edificio de lo que fue Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.

Se trata de “una deuda que la provincia tiene desde hace muchos años”, comenzó por destacar Clarke en el diálogo que mantuvo con este diario. El hombre, que tiene 30 años de experiencia en trabajos de archivo y dirigió hasta diciembre del año pasado el Archivo Histórico de la Provincia “Ricardo Levene”, está entusiasmado. “Es un desafío y una tarea noble la de gestionar la memoria archivística de la provincia vinculada al terrorismo de Estado”, sostuvo.

“Es necesario pensar lo que fue Buenos Aires como escenario histórico del terrorismo de Estado para entender lo necesario de un acervo así”, resaltó.

--¿Qué fue?

--Una provincia de perfil industrial, con la concentración de trabajadores más grande del país, entonces por lo menos tres universidades nacionales funcionaban aquí. El desplazamiento de jóvenes desde todas partes del país hacia aquí, donde había oportunidad de trabajo, donde había oportunidad de estudio. Todo eso hizo de la provincia la zona más afectada por el terrorismo de Estado, el territorio más afectado por las políticas represivas. Fue zonificada en tres partes por las fuerzas armadas para establecer control sobre ella. Y también en la que más centros clandestinos se han encontrado hasta ahora: 250 por el momento. ¿Cómo no va a haber un archivo que se dedique a resguardar todo lo que pueda contar esto?

Una deuda provincial con la memoria

El Archivo Provincial de la Memoria fue creado por el decreto en enero del 2020, sin embargo sus planes quedaron suspendidos por la pandemia, como casi todo el año pasado. A principios de mes, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia nombró a Clarke a cargo de la institución que llegó para pagar una deuda mucho más antigua.

En los 2000, la legislatura provincial aprobó la Ley 12498 que crea el Registro Único de la Verdad, “una ley mediante la cual el Estado provincial se comprometía a poner a disposición de toda la ciudadanía los documentos que tuviera en todas sus agencias (Ministerios, fuerzas de seguridad, Justicia) vinculados al terrorismo de Estado y, a la vez generar un registro que los contuviera para que todes supieran lo que había ocurrido aquí durante la última distadura”, indicó Clarke. La norma se reglamentó en 2004, pero nunca se había puesto en marcha. Hasta ahora. El Archivo Provincial de la Memoria es “la herramienta para aplicar esa ley”. ¿Cómo? “Generando un espacio tanto material y concreto como virtual para concentrar toda la documentación y al que se pueda acceder desde todo el territorio”, respondió su flamante director.

Un espacio recuperado al olvido

El detalle del espacio físico en donde funcionará el archivo no es menor. Su sede definitiva será el edificio donde funcionó el Destacamento de Inteligencia del Ejército 101, ubicado en la calle 55 entre 78 y 8 de La Plata, que ya fue transferido a la Subsecretaría de Derechos Humanos. “No es un dato menor. A cierre del juicio por los crímenes de La Cacha, el tribunal ordenó que el lugar fuera entregado a organismos de derechos humanos y memoria”, recordó el subsecretario. De hecho, existen testimonios que fueron oídos en aquel debate que lo convierten, sino en un centro clandestino, un lugar de paso de víctimas de la última dictadura.

“Desde allí se planificó y diseñó todo el sistema de inteligencia que accionó en la provincia”, aportó Clarke. “Desde el Destacamento se capacitaba a otras fuerzas sobre cómo hacer los interrogatorios, a quiénes secuestrar, cómo trabajar con organizaciones militantes. Allí donde funcionó el cerebro del terrorismo de Estado bonaerense puede funcionar el archivo provincial que ayude a nunca olvidar lo que pasó”.

El anuncio, con “entrega de llave y todo” iba a suceder el pasado jueves, pero la lluvia obligó a posponerlo. Mientras y hasta tanto no esté en condiciones, el archivo existe en uno de los edificios del área que coordina Moreno.

¿Qué gestionará el archivo?

Hasta la creación del Archivo, la información que había vinculada a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la provincia estaba --está aún-- desperdigada en diferentes lados. Algunas cosas que mantenía bajo resguardo el Archivo Histórico de la Provincia “Ricardo Levene”, otro poco custodiado por la sociedad civil; el archivo de la DIpba, que mantiene, cura y gestiona la Comisión Provincial por la Memoria.

“La idea es que todo, en original o digitalizado, lo centralice el archivo provincial”, aseguró Moreno. La flamante estructura absorbió por un lado a la Dirección de Investigación y Memoria, que ya funcionaba en la Subsecretaría, y por otro creó otra Dirección, la de Documentación --que está a cargo de Esteban Soler, de Hijos La Plata--, encargada sobre todo de la digitalización, el ordenamiento y la accesibilidad de la información. En ese sentido, el director subrayó que “es fundamental” que la documentación que gestione el archivo “sea accesible”. “En tiempos de digitalización, ya no hay competencia por ver quién atesora los papeles. Lo que nos importa acá es que todo aquel que quiera buscar información de la provincia vinculada a los crímenes de lesa humanidad que acá tuvieron lugar, la pueda encontrar”, concluyó. El espacio ya cuenta con un sitio web con cierta data para recorrer: http://www.sdh.gba.gob.ar/ArchivoProvincial/

El primer paso, durante los días posteriores a la creación del archivo, fue el de capacitarse con personal del Archivo Nacional de la Memoria. Luego, se comenzó a avanzar en el “diálogo” con los diferentes estamentos del Estado para buscar y empezar a reunir información. Y algunas cosas ya se consiguieron. Por ejemplo, el Ministerio de Salud traspasará la información que haya tanto en la cartera como en los hospitales de aquellos años. “En el acto de la firma de convenio se hizo entrega del registro de la Casa del Niño, en donde figura la inscripción de niños dejados en custodia entre 1976 y 1983 que podría ser valioso para la búsqueda de hijos apropiados. También tendremos en el Archivo un listado que se conoce como “Adopciones rojas”, es decir irregulares, proveniente del Registro de las Personas”.

Una voluntad de búsqueda 

Desde la institución, habrá “una voluntad clara de salir a buscar la información” vinculada a los años de la última dictadura cívico eclesiástica militar y a los delitos que el Estado cometió entonces, aseguró Moreno. Podrán, acorde a lo que habilita la Ley 12.498, solicitar datos a todos los estamentos públicos provinciales. Nacionales, no. No podrán, por ejemplo, requerirle archivos al Ejército.

“No han habido políticas públicas provinciales enfocadas en ese sentido antes”, añadió Clarke, esperanzado en lo que puede llegar a significar que las empiece a haber. Durante el primer mes de “convocatoria”,informó que desde el Archivo se han recibido “llamados y notificaciones para ir a ver algunos sótanos y registros ministeriales que no habían sido mostrado antes. Contactos desde ciudades del interior de la provincia para que vayamos a ver material que ha estado custodiado a veces por individuos que los han llevado a su casa por miedo a la destrucción”, contó.

La intención es contar con todo lo que haya en el Estado provincial y en los municipios, pero también con lo que guardaron aquellos y aquellas “guardianes de tesoros vinculados a la memoria”, advirtió Clarke. Madres, Abuelas, familiares que quedaron al resguardo de archivos personales, trabajadores y trabajadoras del Estado que se han quedado a su cargo archivos que desde la propia estructura pública descuidaron. Se espera poder contar con esos aportes.

“El objetivo del archivo es reunir en un solo lugar documentación, información dura, pero también de la que cuente la historia de resistencia de los organismos y las historias de vida de los y las militantes. Que sea un lugar donde cualquiera que quiera acceder a esos datos, pueda. Para reflexionar sobre nuestro pasado, pensar nuestro presente y proyectar nuestro futuro, el archivo es un acto de reparación y una garantía de no repitencia”, concluyó Moreno.