Desde Santa Fe.

La provincia será querellante ‑por primera vez‑ en una causa de lesa humanidad que investiga el secuestro y desaparición de uno de los cuadros más lúcidos del peronismo santafesino y del movimiento obrero: el abogado laboralista César Tabares, en enero de 1977, en Rosario. "Es una decisión política" del gobernador Miguel Lifschitz ‑dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Silberstein‑ que ratifica el compromiso de Santa Fe con la búsqueda de "memoria, verdad y justicia" y "marca otra diferencia" con el gobierno de Mauricio Macri, que ha desactivado querellas emblemáticas y sostiene a negacionistas del terrorismo de estado.  Silberstein justificó la voluntad de la Casa Gris de averiguar el destino de Tabares después de que la Cámara Federal de Rosario desestimara una decena de indagatorias de represores por falta de pruebas, en lo que el Ministerio Público consideró un freno "al avance de las investigaciones". Según uno de los testigos que cita la Cámara, la "desaparición de Tabares es un misterio", "lamentablemente" "no se ha podido reconstruir lo que le pasó" y "ni siquiera en qué circunstancias fue detenido", dijo el subsecretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani.

En un diálogo con Rosario/12, Silberstein recordó que "la provincia, a instancias del gobernador, ya se había presentado como querellante en el juicio por la megaestafa en Rosario y en la causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe". Pero ahora, Lifschitz resolvió que  también querelle ‑por primera vez‑ "en un juicio de lesa humanidad que investiga la desaparición del doctor Tabares. Es una decisión del gobernador que marca otra diferencia con la política de Macri", enfatizó el ministro, quien se consideró "viejo compañero y amigo personal" de su colega desaparecido.

El anuncio de Silberstein cerró una semana en la que Lifschitz profundizó sus "diferencias" con la Casa Rosada: criticó a Macri por estigmatizar a los trabajadores públicos y decir que el Estado es un "aguantadero", cerró el conflicto docente  en un "espacio de diálogo y respeto" y no en un "escenario de confrontación" con palos y gases como en otros distritos, se involucró en el salvataje de industrias emblemáticas y reivindicó la política de memoria, verdad y justicia.

El ministro de Justicia dijo estar al tanto de que la causa que investiga el destino de Tabares está en una meseta desde hace un año. "Por eso nos presentamos nosotros. Por decisión del gobernador, a instancias del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos", expresó. Lo que se debate en el expediente es el pedido de la acusación para indagar al grupo de tareas que operó al mando de Feced, en la Jefatura de Policía de Rosario y al capellán Eugenio Zitelli. Pero el juez Marcelo Bailaque, en marzo de 2016 y luego la Cámara, en noviembre, rechazaron el requerimiento por falta de pruebas. En febrero último, la Cámara desestimó otro recurso del fiscal general Claudio Palacín.

Tabares desapareció en la noche de Reyes de 1977. El último que lo vio fue su socio Oscar Di María, con quien compartió un café en la confitería del Hotel Majestic (San Lorenzo y Sargento Cabral), hasta a las 23. El juez Bailaque dijo que el caso es "singular", porque "no se ha podido acreditar las circunstancias" del secuestro, "especialmente el modo y lugar" y "las personas que habrían intervenido". "No se ha podido establecer la mecánica del hecho" ni la "pertenencia" del grupo de tareas.

La Cámara citó el testimonio de Ruani, quien dijo que la "desaparición de Tabares es un misterio", "no se ha podido reconstruir lo que le pasó" y "ni siquiera en qué circunstancias fue detenido". Y si nadie lo vio en El Pozo o en otro centro clandestino, el tribunal sugirió al juez y a los investigadores que busquen más pruebas.

Una hipótesis de investigación la planteó en la causa una ex compañera de Tabares y amiga de su familia, Silvia Bianchi, quien indicó "al Ejército como la fuerza responsable del secuestro y desaparición" del abogado. Y explicó que "en el mismo período" de la caída, "entre noviembre de 1976 y febrero de 1977 fueron secuestrados y desaparecidos todos los dirigentes sindicales más importantes del cordón industrial" de San Lorenzo, Rosario y Villa  Constitución, donde Tabares estaba ligado a su tarea de abogado laboralista y esto era el principal objetivo del terrorismo de estado: el aniquilamiento del movimiento obrero", concluyó la investigadora.