Por primera vez en medio siglo, las viejas cosechadoras arrumbadas entre la maleza de la ex zona franca de Bolivia removieron sus ruedas herrumbradas, y los galpones derruidos empezaron a sucumbir con la faena de máquinas y operarios que ayer empezaron a despejar ese predio de dos kilómetros cuadrados junto al puerto. La remoción de la chatarra y las viejas estructuras fue la fase siguiente que activó la Municipalidad luego de que el Enapro le otorgara en octubre de 2019 la tenencia de esa parcela con destino de parque público, tras más de 30 años en desuso. Pero ayer en el órgano administrador de la franja portuaria había malestar porque el intendente Pablo Javkin no consultó antes de avanzar con la limpieza del predio. 

"La ciudad durante mucho tiempo peleó por la recuperación de este espacio público. Esto implicó primero la recuperación de los terrenos, y estamos haciendo ahora una segunda etapa que es el desmonte de toda la chatarra y el desmantelamiento de galpones, que nos va a permitir gozar de este espacio que los rosarinos fueron ganando en esta franja habilitada con vista completa", ponderó el jefe municipal ayer de mañana, cuando junto al secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, visitó el lugar en el inicio de los trabajos.

La firma Provincias Unidas SRL se hizo cargo de la tarea de desarmar galpones, cortar fierros viejos y llevarselos, a razón de cotizar 15.000 pesos la tonelada: esto implica que la chatarrera debe pagar al municipio la diferencia entre el material retirado del predio (que luego comercializará en su planta de barrio Larrea) y sus costos de logística y mano de obra. El proceso se tramitó por concurso de precios ad referéndum del Concejo, por la urgencia que genera la estructura del muelle luego de los incendios, y el impacto ambiental de la acumulación de la chatarra, se informó de manera oficial.

La empresa tiene un plazo de 60 días para despejar el solar y llevarse los restos de viejas máquinas –las más notorias eran un lote de cosechadoras importadas por Bolivia que nunca llegaron a destino–, durmientes, chapas y metales en general. Además, debe desarmar los galpones y llevarse los materiales para que dejen de hacer peso en la estructura del muelle.

La tarea conllevó alguna dificultad, debido a la fragilidad relativa del muelle donde están establecidos los galpones. Un incendio intencional el año pasado, y el abandono histórico del predio, abonan el riesgo de derrumbe de todo ese sector que tiene más de 500 metros de largo por 60 de ancho. Desde 2019 está desafectada de usos portuarios, pero el deterioro de la zona era de antaño. "Va a quedar una obra más costosa, que es la reconstrucción de los muelles, que tiene los originales y que el año pasado hubo un incendio que los dañó aún más y también a las estructuras de vías. La obra tiene que ver con alivianar ese peso", explicó Javkin.

Además, el intendente hizo hincapié en el enorme perjuicio en materia ambiental, ya que la chatarra tiene más de 50 años en el lugar.

La intervención del municipio en la ex zona franca boliviana fue sorpresiva, y ayer trascendió que no cayó bien en el Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro). Es que allí entienden que el Ejecutivo debería haber pedido permiso antes para desmantelar los galpones, cosa que no hizo. Con el retiro de la chatarra no había problema, porque eso estaba en las atribuciones conferidas en 2019, cuando se hizo el traspaso a la Municipalidad, pero no así con los galpones. Ayer se descontaba que el titular del Ente, Guillermo Miguel, y el intendente Javkin se reunirían en breve para allanar el desencuentro. Rosario/12 buscó el testimonio oficial del organismo, pero desde el Ente declinaron de realizar una declaración en ese sentido.

Esa parcela olvidada de la ribera sobre avenida Belgrano había sido cedida en 1969 a Bolivia como zona franca para realizar operaciones portuarias. La administración estaba en manos de la Provincia. Rosario en los últimos años ya tramitaba su recuperación ante Cancillería, y fue en 2019 cuando un decreto de Miguel Lifschitz como gobernador facilitó que el Enapro otorgue la tenencia al municipio.