En una medida inédita, la jueza de Garantías Ada Zunino dispuso que Marisa Peñalva y Gustavo Peñalva, tía y padre de la joven Luján Peñalva, cuyo cuerpo fue encontrado colgando de una soga el 20 de septiembre de 2012, no podrán acercarse a los jueces penales Martín Pérez, Pablo Farah, Pablo Arancibia y la jueza Mónica Mudski y a los fiscales Luján Sodero Calvet, Ramiro Ramos Osorio, Pablo Rivero y al procurador general de la provincia, Abel Cornejo. 

La jueza tomó eta determinación, “en carácter preventivo y cautelar”, en respuesta a un pedido presentado por el fiscal penal Juan Ezequiel Molinatti. Zunino ordenó “el cese y la prohibición de ejercer actos de violencia físicos y psíquicos por cualquier medio” a los jueces y fiscales mencionados y "a su grupo familiar” y la “prohibición de acercamiento” a 500 metros de estos funcionarios y de su grupo familiar y de sus domicilios, “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.

Zunino fundó su decisión en que, a su entender, de los elementos que le acercaron, videos y fotografías de protestas de los familiares de la joven y publicaciones de las redes sociales de Marisa Peñalva, “surge con claridad la existencia de una sospecha fundada de una situación de riesgo personal en las personas señaladas”, lo que la autoriza “a disponer, en forma ajustada a derecho, las medidas cautelares de protección peticionadas”.

“La sospecha verosímil y fundada de la posible comisión de un daño a la integridad física y psicológica de las personas designadas como a su libertad ambulatoria, es fundada, todo ello a causa de un accionar violento e ilegítimo por parte de las personas denunciadas”, insistió la jueza en su resolución del 20 de este mes pero que se hizo pública recién ahora. En declaraciones a medios locales Gustavo Peñalva ya anunció que apelará esta decisión. 

El cuerpo de Luján junto al de Yanina Nuesch. Ambas jóvenes colgaban de la misma soga, pendiendo de un árbol en un campo vecino a la ciudad de Salta. Prácticamente desde el hallazgo de los cuerpos hubo diferencias entre los familiares y la Justicia. La familia apunta un doble homicidio, mientras que la Justicia se inclinó siempre por la postura del suicidio. 

En estos años de trámite la causa pasó por diferentes jueces y fiscales. Todos los que tuvieron alguna participación en el proceso son los alcanzados ahora por la medida cautelar. 

En su pedido de restricción perimetral a la familia de Luján Peñalva, el fiscal Molinatti acercó videos y fotografías tomados por miembros de la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, del 18 de febrero y el 16 de marzo de este año, en los que, aseguró, “puede observarse una situación donde personas que se encontraban manifestándose increpan e insultan al Sr. Juez Martín Pérez en ocasión que este ingresaba al edificio de la Ciudad Judicial en horario laboral”.

El fiscal afirmó que por “esta situación que se viene reiterando” hay jueces y funcionarios que no pueden "circular o ejercer libremente sus funciones porque son constantemente hostigados y atacados donde los manifestantes referenciados los encuentren”. Y aseguró que los familiares de la joven traspasaron "los límites de una manifestación pacífica" y a estas alturas está "comprometiendo el orden y decoro de la función judicial al materializarse en presiones y hostigamientos que alteran el normal funcionamiento del poder Judicial y el Ministerio Público”.

En el marco del trámite de la cautelar se dispuso un relevamiento de las redes sociales de familiares de Luján Peñalva. En la página pública de Facebook de Marisa Peñalva encontraron una publicación: “Pronto se vienen 2 (seguida de la imagen de dos bombas) contra la corrupción judicial de Salta", una frase que para el fiscal “anuncia un mal futuro que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo en los magistrados, y por el lugar de trabajo compartido y modalidad del evento amenazante, se extiende a todas las demás personas que asisten a la Ciudad Judicial, tanto funcionarios, empleados como particulares”.

A pesar de que la frase no estaba dirigida a nadie identificado con nombre y apellido, el fiscal entendió que “viendo el contexto y actividades previas,” queda claro que “está dirigida a los magistrados acusados con antelación de corruptos”. Y recordó que la jueza Mónica Mudski aún está tramitando la causa por la muerte de las jóvenes, y también en este caso consideró que las amenazas se torna "serias o probables en caso de que el resultado del proceso no seas el esperado por el profirente”.

Con esas y otras razones, el fiscal Molinatti le pidio a la jueza Zunino que otorgara la cautelar para "hacer cesar de modo inmediato los efectos intimidatorios de las amenazas, como también a fin de prevenir una eventual concretización del mal anunciado”.

Además, el fiscal aseguró que la cautelar "implica una mínima restricción a la libertad de las personas" contra las que iba dirigida.

La jueza coincidió en las razones dadas por el fiscal para sustentar su pedido. Es más, en su resolución haciendo lugar al pedido enumeró las "constantes amenazas a la integridad física como insultos, denostaciones y agravios que conmueven la personalidad de los funcionarios intervinientes y sus familias”.