El 24 de abril de 1997, River dio de baja como socios honorarios a Videla, Massera y Agosti. La medida reparadora ponía en evidencia a otra tomada casi diecinueve años antes, el 4 de mayo de 1978, en vísperas del Mundial de fútbol. Ese día, la comisión directiva presidida por el empresario hotelero Rafael Aragón Cabrera votaba por unanimidad conferirle la distinción a los genocidas. Los tres festejarían días después en los palcos del estadio Monumental la Copa ganada por la selección nacional que dirigía César Luis Menotti. Cuando el club decidió quitarles en vida la condición honorífica que les había otorgado, su presidente era Alfredo Davicce. Pero el verdadero gestor de esa movida más que simbólica resultó una de las víctimas del terrorismo de Estado, el maestro Alfredo Bravo. Reconocido hincha riverplatense y socio vitalicio 19551, el dirigente socialista le había mandado una carta con el pedido a la institución el 8 de marzo de 1996. Fue a partir de su solicitud que se pusieron en movimiento los mecanismos para limpiar una mancha que se extendió por varios clubes del fútbol argentino durante la última dictadura cívico-militar.
Hoy se cumplen veinte años de aquel episodio que señaló el comienzo de un camino distinto, emblemático, que estimuló a otras entidades deportivas a hacer lo mismo en una marea restauradora de la memoria, verdad y justicia. Así sucedió con Carlos Suárez Mason en Argentinos Juniors y Roberto Viola en Colón de Santa Fe, por nombrar dos de los casos más difundidos. El primero llegó a ser socio honorario y presidente de la Comisión de Patrimonio en el club de La Paternal.
El abogado, militante político y socio de River Marcelo Parrilli recuerda hoy aquella quita de honores, a la que él contribuyó cuando visibilizó el tema ante la Inspección General de Justicia: “Yo no era socio del club en ese momento, por lo que hice una denuncia ante la IGJ y no me dieron pelota. La planteé ahí porque se trata del organismo que debe supervisar la vida institucional de una entidad civil como River”. Hoy mantiene su mirada crítica sobre la determinación de Aragón Cabrera y quienes lo acompañaban en la conducción del club en 1978. “Lamentablemente, ese episodio demostró la complicidad de los dirigentes con las autoridades políticas de turno y el negociado del Mundial”, le dijo a PáginaI12.
Bravo tuvo que insistir con su carta del 8 de marzo del ‘96. La reenvío el 24 de marzo, a veinte años del golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón. El secretario general de River en aquel momento, José María Aguilar, le comunicó que se iba a tratar el tema en la comisión directiva, como finalmente ocurrió. El redactó el proyecto que votó la conducción de River por amplia mayoría, aunque no tuvo unanimidad, ni tampoco otras firmas que lo acompañaran. Hubo presiones foráneas. Recuérdese que en esa época se venía de los indultos del ex presidente Carlos Menem. Davicce reconoció que la medida se tomó “un poco tarde”. Hace veinte años, los tres integrantes de la junta militar todavía vivían. Agosti murió en octubre del ‘96. Le siguieron Massera en 2010 y Videla en 2013. El vicealmirante Carlos Alberto Lacoste, el militar más identificado con River y hombre clave en el Ente Autárquico Mundial 78, escapó a la medida depuradora. Se sabe que otros como él también zafaron. El brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de facto de la ciudad de Buenos Aires, fue uno de ellos.
