El cuarto informe expedido por la Auditoría del concurso preventivo judicial de Vicentin lapida la intención del directorio residual de minimizar daños y sacar la pelota afuera. Sobre todo porque todos sus autores –Ricardo Saccani, Daniel Abelovich, Arnaud Iribarne, y Marcos Bazán (Deloitte)– le notificaron al juez civil y comercial a cargo de la convocatoria de acreedores, Fabián Lorenzini, la voluntad explícita de los ejecutivos por entorpecer la tarea de revisar la contabilidad de la compañía y sus satélites, mediante retaceos y elusiones de la información requerida. Es que, entre los documentos que analizaron, hallaron erogaciones millonarias que canalizaron algunos directivos hacia otras empresas satélites o, incluso, préstamos a sus ejecutivos como si fuera un banco o una financiera.

El informe concluido la semana pasada –y del que Rosario/12 dio cuenta en su edición de ayer– alcanzó no obstante a enumerar una vasta serie de maniobras que despertaron sospechas de vaciamiento doloso, con pérdidas patrimoniales abruptas en pocos meses y endeudamiento sideral por el mismo lapso, todo en perjuicio de la nave madre, es decir, Vicentin SAIC, la firma que Máximo Vicentin y parientes fundaron a comienzos de siglo XX en Avellaneda, del norte santafesino, inicialmente como almacén de ramos generales, y luego desmotadora de algodón. Aquella empresa familiar, se sabe, devino en un conglomerado de negocios y exportación que puso al grupo la década pasada en el top five del comercio exterior argentino. Pero desde diciembre de 2019 se encuentra en concurso de unos 2500 acreedores, mil millones de dólares de deudas reclamadas y una investigación penal por fraude que salpica a funcionarios del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Los auditores consignaron en su informe que "la Concursada ha puesto a disposición buena parte de lo requerido hasta el momento y nos ha brindado acceso a los sistemas informáticos. Sin embargo, respecto de ciertas piezas de información clave, la respuesta viene siendo sistemáticamente elusiva. La falta de estas piezas – o del apoyo para interpretarlas – torna más complejo, sino imposible, el análisis de algunas cuestiones centrales que se vinculan con las causales de la cesación de pagos", subrayaron. 

Los encargados de revisar las cuentas en nombre del juez concursal revelaron que advierten esta actitud del directorio compuesto por los Buyatti, Padoán, Nardelli, Vicentin & Cía desde el 5 de noviembre del año pasado, cuando empezaron a elaborar la primera versión del informe. A pesar de sucesivos requerimientos judiciales, la empresa contestó el 21 de febrero pasado, "dando continuidad a lo que parece, a esta altura, una estrategia de omisiones y respuestas vagas", denunciaron.

Mientras tanto, la causa penal que viene nutriendo el fiscal rosarino Miguel Moreno, y que inició en Buenos Aires el fiscal Gerardo Pollicita, entra en etapa de definiciones. El mes próximo se sabrá a qué jurisdicción le tocará continuar con las imputaciones, y en el clan Vicentin las balas ya pican cerca. Uno de los que podría ser llamado a audiencia imputativa es, ni más ni menos, que Máximo Padoán, hijo del ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán. Desde la auditoría han marcado con resaltador amarillo los recibos de aportes de este ejecutivo a Los Amores SA, donde Padoán sería accionista: 60 millones de pesos entre junio de 2019 y enero de 2020. "Nos encontramos analizando el origen de esos fondos para conocer si los mismos fueron retirados de la empresa concursada", desconfiaron los auditores que indagan en el presunto vaciamiento de la agroexportadora.

Otro de esos manejos apunta a un reconocido gerente del grupo, Roberto Gazze. Aparece como destinatario de 43,9 millones de pesos que Vicentin SAIC le prestó en Mutuo el 18 de julio de 2019. Según la documentación relevada, Gazze debería devolver esa suma en "cinco cuotas anuales a partir del 31 de julio de 2021 en pesos a tasa Badlar para que este realizase un aporte irrevocable en la sociedad El Liquidambar SAS, que sería de su propiedad", consigna el informe de Auditoría. Y agrega, con la misma sospecha que el caso de Padoán: "Nos encontramos analizando si estas condiciones eran razonables y acordes al objeto social de la Concursada, Vicentin SAIC".