El futuro de la hidrovía Paraguay - Paraná hierve a fuego lento, en segundo plano tras la agenda dura que impone la pandemia. Pero la concesión a la empresa belga Jan de Nul y su socia menor Emepa caducará el viernes próximo, luego de 25 años de administrar y recaudar millones por el mantenimiento de la ruta fluvial por la que transita el 80 por ciento de las exportaciones. Por eso es que ayer Rosario fue escenario de una reacción popular contra la nueva licitación que el Gobierno nacional habilitó, y a favor de que sea el Estado quien se haga cargo de este millonario negocio. "La licitación por ahora se pospondrá, hay que seguir metiendo presión para que el río sea del pueblo", se arengó ayer en el acto multisectorial en la escalinata del Parque España, con el tranco manso del Paraná como telón de fondo. Y en simultáneo, el Consejo Federal de la Hidrovía no se reunió ayer como estaba previsto, debido al reciente fallecimiento del ministro de Transporte, Mario Meoni; pero Santa Fe sí presentó una propuesta en ese ámbito que propone crear un ente de control con participación provincial, pero que no menciona ni de cerca la palabra "estatización".

Por eso el puñado de organizaciones políticas del ámbito gremial y barrial que ayer marchó desde el centro hasta el Parque España sienten el recelo de un proceso que ven avanzar hacia una nueva etapa de hidrovía privatizada, como el gobierno menemista hizo en 1995. Sobre la escalinata, numerosas banderas englobadas en el Foro por la Soberanía, hicieron visible el disenso al envión reprivatizador que el establishment bursátil y agroexportador impulsa para la autopista fluvial, con la venia del Gobierno nacional a través del decreto n° 949/20.L

Los oradores plantearon como "una cuestión estratégica clave" conseguir volumen político para que el gobierno de Alberto Fernández derogue el decreto 949/20 con el que a fines del año pasado facultó al Ministerio de Transporte para que organice el llamado a licitación. Eso, a pesar de que unos meses antes, en Punta Quebracho, la promesa del Presidente era poner la hidrovía bajo el control y explotación de un ente integrado mayormente por Nación y las provincias del litoral. 

"Hagamos ver que estamos en un momento bisagra histórico. No es solo luchar por la estatización, porque eso sería apenas un paso, significará que el Estado recaude unos cuantos millones, pero el problema es de fondo: detrás de este modelo agroexportador está el interés del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento, están Cargill, Bunge, Dreyfus, también las locales Vicentin y AGD, la Bolsa de Comercio de Rosario. Ellos exigen que continúe este modelo de apropiación de la riqueza natural del país, y quieren continuar detentando el dominio del río", planteó Roberto, un militante del MTR, y se ganó el aplauso de la concurrencia.  "La concesión se va a extender, así que tenemos que seguir metiendo presión para recuperar el río, la riqueza natural, el medio ambiente. Es luchar por un cambio de modelo, controlar el río, controlar el precio de los alimentos, la banca, frenar la expoliación", exhortó Andrés Testa, de la Corriente Sindical Jorge Weisz y el Foro por la Soberanía.

Lejos de esas posiciones declamadas junto al río, el Ejecutivo provincial presentó ayer por teleconferencia una propuesta ante intendentes de localidades portuarias acerca de cómo gestionar a futuro la hidrovía. “El pedido concreto para que se cree un órgano de control en el cual Santa Fe sea sede y parte activa", resumió la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino.