Una empleada del Servicio Penitenciario de Santa Fe en la Unidad Penal N° 1 de Coronda denunció a su jefe directo de abuso sexual reiterado y acoso laboral sostenido en el tiempo, al punto de causarle serias consecuencias psicológicas que el Estado santafesino ignoró y –más aún– pretendió desconocer. La víctima acaba de ganarle la pulseada judicial a la Provincia para que le reconozca el costo médico de su padecer, ocurrido en horario y lugar de trabajo. Pero el telón de fondo es más aborrecible: otra vez, una mujer que trabaja en la cárcel santafesina más importante denuncia haber sido violada por un superior jerárquico, y el hecho queda impune en la faz penal. Lo mismo sucede con un caso parecido que este diario reveló el año pasado, y que volvió a primer plano en marzo, cuando la Justicia ordenó reincorporar a la víctima a su empleo como guardiacárcel. Sí, porque además de violarla, sus jefes habían impulsado su cesantía.
El calvario de Claudia (su verdadera identidad se omite en esta nota por razones legales) se remonta a fines de 2015, pero trasciende ahora por el lado menos grave de la historia: su batalla judicial contra el Estado provincial para que le reconozca las prestaciones médicas y farmacéuticas que necesita para afrontar las consecuencias que le deparó tanta violencia machista en, ni más ni menos, su lugar de trabajo, una dependencia del Estado provincial.
Esta agente penitenciaria de 45 años, con 20 de servicio, denunció el 6 de noviembre de 2020 en una comisaría de Coronda la tortura física y psíquica que soportaba desde cinco años antes, a manos de Ricardo G., quien por entonces era subdirector de la UP1, el penal que vertebra esa ciudad cabecera del departamento San Jerónimo.
La identidad completa del funcionario denunciado por ahora se mantiene en reserva porque la causa penal no avanzó y no hay imputación a la vista.
Con el apoyo legal del abogado Martín Mazzeo, Claudia decidió contar todo ya en situación límite, con intentos de suicidio incluidos. En la denuncia a la que Rosario/12 accedió, refiere que tenía un buen trato con G. mientras ambos eran compañeros de trabajo en un mismo rango. Hasta que él fue ascendido a subdirector. Entonces comenzó el hostigamiento. "Un día me llamó a su despacho, me lo dijo de muy mala manera, y no pude negarme porque me lo dijo delante de muchas personas (...) Me dijo que me siente, empezó a hablarme del trabajo, y empezó a tocarme y obligarme porque siempre me decía que me iban a sacar de donde estaba. Se bajó el cierre del pantalón (...) y me obligó a practicarle sexo oral, hizo que me tragara todo el semen, luego se acercó a la puerta, se fijó si venía alguien y me dijo 'andate'", denunció la víctima.
El oficial penitenciario le preguntó más tarde al marido de Claudia si ella le "había contado algo", comentario que le acarreó problemas de pareja. "No pude contarle nada a mi pareja ni a nadie", recordó. Ricardo G., según la denuncia, la forzó dos veces a practicarle sexo oral. "Acosarme y mandarme llamar por cualquier cosa era recurrente", agregó.
Claudia tomó licencia. Por acudir al psicólogo y al psiquiatra, la trataron de "loca", refirió. Intentó quitarse la vida en su casa, también en el presidio. Esa última vez sobrevino luego de una álgida discusión, el 6 de julio de 2020, con el director del penal Andrés Luraschi. "Porque me sancionaban y no me decían por qué. Me redujeron los haberes. Tomé pastillas y me llevaron al Samco, y ahí me dejaron abandonada, no se activó el protocolo, ni le avisaron a mi familia sobre lo sucedido", relató en la presentación legal.
"En su momento no denuncié el abuso y traté de olvidarlo porque sabía que por su jerarquía me iba a mandar a otro lado. Traté de llevarlo lo mejor que pude, de controlarlo, pero no lo logré. Esto me superó y no lo puedo olvidar", finalizó.
Aquí no ha pasado nada
La reacción del Servicio Penitenciario, en conocimiento de lo ocurrido, fue trasladar a Ricardo G. a una unidad en la localidad de Recreo, como jefe de Correccional. La investigación penal no comenzó. El fiscal a cargo es Marcelo Nessier.
La agente penitenciaria necesitó atención psicológica y psiquiátrica para salir adelante. Y tuvo que interponer un recurso de amparo contra el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia porque la Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgo de Trabajo (Dipart) desconoció la cobertura de las prestaciones médicas y farmacéuticas debidas a la empleada provincial.
El documento que presentó el abogado de Claudia, Martín Mazzeo, expuso que la Dipart (organismo de la cartera de Trabajo, por entonces a cargo de Roberto Sukerman, actual ministro de Gobierno) "negó la naturaleza laboral a su denuncia", y de "omitir e infravalorar la sintomatología" de la mujer. Ella había sido diagnosticada con "estrés pos traumático" como consecuencia de los abusos sexuales y el acoso laboral de su superior jerárquico.
La jueza laboral N° 4 de Santa Fe, María Victoria Acosta, hizo lugar al recurso y le ordenó a la Provincia a cubrir el costo de las prestaciones que la demandante requiriese. "No puede soslayarse la denuncia que hace la actora de las condiciones laborales, las que habrían producido la patología que ahora sufre", entendió la magistrada. En su retórica, mencionó que Argentina es miembro firmante de la Convención de Belém do Pará, compromiso supranacional para erradicar la violencia contra la mujer, y aquí un Estado subalterno como Santa Fe no atendió ese tratado.
El Estado provincial apeló en segunda instancia para negar el reclamo de Claudia y sus argumentos, y como estrategia procuró invalidar el recurso de amparo al discutir la procedencia del planteo de la empleada. Alegó que ella "debió hacer un esfuerzo mayor para argumentar el inminente peligro que le ocasionaría la espera de la resolución definitiva, por lo que la acción es inadmisible", refractó la apelación judicial del Estado.
La sala II de la Cámara de Apelación, integrada por Sebatián Coppoleta, José Machado y Julio Alzueta, rechazaron la pretensión de Provincia y ratificaron el fallo de primera instancia: la Dipart debe darle cobertura de salud a la agente penitenciaria. Pero la cuestión de fondo –las violaciones y el hostigamiento psicológico laboral– está impune.
