Desde Santa Fe

El juez Marcelo Bailaque –a cargo del Juzgado Federal Nº 2- demoró nueve meses en elevar a juicio la causa que investigó al ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe Marcelo Lepwalts –y a cinco efectivos a su mando- por supuesta “asociación ilícita” destinada a recaudar fondos ilegales. El hecho quedó a la vista esta semana, cuando los tres jueces del Tribunal Oral de Santa Fe que lo juzgaron y condenaron el 8 de abril a cuatro años y tres meses de prisión por seis delitos (“cohecho”, “incumplimiento de deberes”, “abuso de autoridad”, “sustracción de pruebas”, “falsedad ideológica” y “tenencia de estupefacientes”) se inhibieron de intervenir en el segundo juicio y le pidieron a la Cámara Nacional de Casación Penal que los reemplace por otros magistrados.

La demora salta a la vista con sólo comparar las fechas. El fiscal Walter Rodríguez cerró la investigación a Lepwalts por presunta “asociación ilícita” y pidió la elevación a juicio el 13 de julio de 2020. Sin embargo, el juez Bailaque se tomó nueve meses para enviársela al Tribunal Oral, recién el 19 de abril de 2021. Once días después de que finalizara el primer juicio.

¿Qué sucedió en esos nueve meses? La defensa interpuso un recurso de nulidad para voltear una prueba clave en la segunda causa, pero el propio Bailaque rechazó el planteo -el 9 de setiembre de 2020- y ordenó cobrarle las costas al “vencido”, que es un conocido penalista de Santa Fe. La defensa apeló la resolución del juez y la Cámara Federal de Rosario (Sala B) consideró que el recurso había sido “mal concedido” por Bailaque y lo desestimó, el 8 de abril de 2021. Sí, el mismo día que el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a Lepwalts y a sus dependientes.

Pero la Cámara no sólo rechazó el operativo de la defensa, sino que también desaprobó a Bailaque por la demora. En el primer voto, el camarista José Guillermo Toledo dijo que el “planteo de la defensa” para anular la prueba clave se realizó después de notificado el “requerimiento de elevación a juicio” del fiscal Walter Rodríguez, que investigó a Lepwalts y compañía. Y le advirtió a Bailaque que el trámite del incidente era “innecesario” e “improcedente” porque una vez notificado “el requerimiento de elevación a juicio”, la defensa ya perdió la oportunidad de plantear nulidades. El plazo para hacerlo es “durante la instrucción”, antes de que concluya la pesquisa “o bien durante el término de la citación a juicio”, le recordó Toledo a Bailaque. A su voto adhirió su colega Elida Vidal. Así que la Cámara declaró “mal concedido el recurso de la defensa” y devolvió el legajo al juez.

Esto ocurrió el 8 de abril, el día de la condena. Bailaque se tomó once días más para elevar la causa a juicio, que llegó al Tribunal Oral de Santa Fe recién el 19 de abril.

Los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello condenaron a Lepwalts a cuatro años y tres meses de prisión y lo inhabilitaron de por vida para ocupar cargos públicos. Su segundo, Cristian Bogetti, recibió la misma pena por los mismos delitos (más “encubrimiento agravado”). Y un año menos los otros cuatro policías a su mando: Michel Juan Arbildo (3 años y cuatro meses), Carlos Gómez Navarro, Darío Duarte y Lucas Bustos (3 años cada uno). En los fundamentos de la sentencia, el Tribunal describió cómo operaba Lepwalts. “Su peligrosidad no se revela quizás a través de los cánones ortodoxos propios de los delitos que exigen violencia, sino por el contrario, proviene de su conducta fría, insensible y maquinadora, que revelan su alto grado de desprecio por las normas y pautas de convivencia social”. La defensa anunció que apelará el fallo.

Ahora, ante el segundo juicio por supuesta “asociación ilícita” –a los mismos seis imputados-, los jueces Lauría, Vella y Escobar Cello resolvieron “inhibirse de intervenir” en la causa en resguardo del “principio de imparcialidad” y solicitaron a Casación que designe tres magistrados que los reemplacen. “La imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento” que garantiza “la defensa en juicio” y el “debido proceso”, explicaron.

En la segunda causa, el fiscal Rodríguez denunció a Lepwalts, Bogetti, Arbildo, Gómez Navarro, Bustos y Duarte como supuestos integrantes de “una organización delictiva, liderada por el primero" que tenía "una finalidad recaudatoria al margen de sus ingresos salariales”. Según la acusación, operaron “entre el 23 de marzo de 2018 y el 9 de mayo de 2019”, cuando fue allanada la Policía Federal de Santa Fe y detenidos.

El fiscal encuadró los hechos “en la figura de la asociación ilícita, prevista en el artículo 210 del Código Penal, que tiene una pena de 3 a 10 años de prisión y eleva el mínimo a 5 años para los jefes u organizadores”. Ese mínimo de la pena de 5 años tendrá su peso si Lepwalts quiere salir en libertad en el otro caso ya juzgado por el que cumple cuatro años y tres meses de prisión.