Con una audiencia preliminar realizada ayer, la extitular de la disuelta Secretaría de Delitos Complejos, Ana Viglione, y quien la secundaba, Andrés Ferrato, quedaron a un paso del juicio oral y público por el delito de falso testimonio agravado. Se trata de la causa que se abrió en el marco de la investigación contra la banda Los Monos, cuando el excomisario inspector Gustavo Pereyra declaró que obedecía órdenes de sus jefes para realizar investigaciones sobre narcotráfico; pero estos lo negaron. El fiscal Aníbal Vescovo pidió penas de tres años de prisión para ambos y el doble de inhabilitación. La querella, en representación de Pereyra, pide que sean condenados a 5 años. Entre las evidencias, hay correos electrónicos, enviados entre 2012 y 2013, en los que --según los acusadores-- hay órdenes específicas de los imputados, que validarían los dichos de Pereyra, uno de los agentes acusados de complicidad con la banda, que resultó absuelto. Según se indicó, serán once los testigos que prestarán testimonio en un juicio en el que habrá un tribunal unipersonal, y que aún no tiene fecha. 

El fiscal Aníbal Vescovo había presentado en diciembre de 2018 su acusación contra Viglione y Ferrato. Entonces pidió para ellos la pena de 3 años de prisión condicional y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de falso testimonio. El trámite se demoró por suspensiones y recursos varios y se retomó este lunes a las 11. Luego de escuchar a las partes el juez Román Lanzón respaldó la acusación, desechó un planteo de sobreseimiento y dijo que el asunto debe discutirse en un juicio oral y público.

Es la primera vez que un magistrado respalda el pedido fiscal. El querellante Sergio Larrubia, con Gula a su lado, fue por más y pidió que la condena sea a 5 años de prisión efectiva. El contrapunto entre los acusadores y la defensora pública Alejandra Paolini adelantó los cruces que anticipa el juicio. Una instancia donde volverá al debate público algo de la tela que dejó para cortar la causa Monos: cuáles eran las funciones de la disuelta Secretaría, qué destino tenían los mails con reportes sobre actividades de narcotráfico que enviaba Pereyra a sus superiores y cuánto de ese delito absorbía la atención del área. "Este es un caso muy particular. Todo parece circunscribirse a dos declaraciones escritas que han perjudicado a Pereyra" , evaluó el juez en su análisis del caso.