A través de un comunicado, el Comité de familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa denunció que el Gobierno mexicano no avanza en la investigación para determinar qué ocurrió el 26 de septiembre de 2014, cuando policías federales y municipales del estado de Guerrero detuvieron a los 43 estudiantes que aún permanecen desaparecidos. Además exigió profundizar las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de la Comisión de Derechos Humanos, que sospecha que miembros del Batallón de Infantería del Ejército, involucrados en el caso, mantenían relación con la organización narco "Guerreros Unidos".
El mismo Comité denunció que luego de que los familiares fueran reprimidos en Ciudad de México, otro grupo de estudiantes, que había acompañado a los familiares en la capital del país, fueron cercados y golpeados en una estación de servicio de la ciudad de Tixtla, hecho que "evidencia a un gobierno insensible, al que no le interesa la verdad ni la justicia, y que pretende acallar la exigencia de los padres con la represión".
