Con pedido de pena de seis años de prisión, comienza hoy el juicio por enriquecimiento  ilícito al exjefe de la Agrupación Unidades Especiales de la Unidad Regional II y de dos departamentales del sur provincial, Hugo Giuliano. El debate tendrá lugar en el marco de la causa que comenzó en el viejo sistema procesal penal y se extenderá durante varias jornadas. El fiscal Sebastián Narvaja estará a cargo de la acusación y el tribunal que deberá resolver está compuesto por Nicolás Vico Gimena, Valeria Pedrana y Florentino Malaponte. La investigación se abrió con una denuncia por incremento de patrimonio en calidad de funcionario público y la acusación fiscal apunta a que sus bienes no coinciden con los haberes que percibía por su función dentro de la fuerza. La defensa pedirá la absolución. 

Cuando fue imputado, a Giuliano se le atribuyó: "Dentro del período en el que prestó servicios para la Policía de Santa Fe, desde 1975 hasta dos años después de su retiro, en 2004, haber producido sobre su patrimonio un enriquecimiento apreciable, que no se corresponde a la situación económica al momento de iniciar su carrera policial, ni está de acuerdo con sus posibilidades económicas ulteriores en cuanto al sueldo que percibía y/u otros ingresos de orígen lícito", reza parte de la acusación que fue presentada en el marco del sistema conclusional de causas, en 2018, y por la que Narvaja sumó el pedido de pena, un año después. Incluye una multa por el 100 por ciento del patrimonio relacionado al enriquecimiento ilícito. 

Giuliano fue denunciado por Apropol, el gremio policial no reconocido, que en 2004 presentó un resumen de movimientos de tres cuentas que el acusado tenía en bancos privados, y un conjunto de propiedades que -según la acusación- le pertenecen. La investigación comenzó de manera administrativa, en la Dirección de Asuntos Internos. Años después fue abierta la causa judicial. Giuliano fue acusado de contar con propiedades, autos, una lancha y otras cuestiones que figuran en la acusación y serán ventiladas desde hoy.

Si bien en 2011 fue sobreseído por la jueza Patricia Bilotta, por vencimiento de los plazos legales, en ese entonces el ya fallecido fiscal Esteban Franichevich apeló la decisión y la Cámara Penal le dio la razón. Así, la causa llegó al juez Hernán Postma, que también lo sobreseyó, en 2013. Una nueva apelación fiscal tuvo respuesta en 2014, cuando la Sala IV de la Alzada declaró nulo aquel fallo por falta de valoración de la prueba. El expediente llegó al entonces juez Juan Andrés Donnola, quien finalmente lo procesó. 

La prueba que llevará la Fiscalía a la instancia de debate oral serán informes de diferentes entidades y una pericia contable, entre otros elementos. Mientras que la defensa planteó que "es el único delito en el que el imputado tiene que probar su inocencia. Se invierte la carga de la prueba. Sus ingresos fueron por la explotación de un taxi que tenía desde los 18 años, la venta de esa chapa, los ingresos de la pareja, alquileres y otras cuestiones", indicó el defensor Carlos Edwards.