La detención del jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, no es el único indicador del presente de la fuerza que responde a Horacio Rodríguez Larreta. Ayer, unos 150 policías aplaudieron irónicamente al ministro de Seguridad, Martín Ocampo, tras reclamarle chalecos antibalas y equipos de comunicación. “Hay una crisis en términos de gobierno de la policía metropolitana”, explica Gustavo Palmieri, director del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.

“Hay una situación crítica que viene de hace tiempo. El traspaso de la policía a la Ciudad implica una serie de crisis de las que no es ajena la denuncia contra Potocar. Lo de hoy tampoco es nuevo, ya habían circulado videos contra Néstor Calviño (ex jefe de seguridad metropolitana)”, apunta el ex secretario de coordinación del Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré. “La crisis se expresa también en una serie de vulneraciones que no tuvieron respuestas claras: la represión a la marcha de mujeres, la represión de Prefectura (que denunció La Garganta Poderosa) o a los maestros. En ningún caso hubo respuesta clara en términos gubernamentales de que no puede haber abuso de la fuerza”, agrega. “A eso se suma la crisis, previsible, relacionada con la salida de gran cantidad de policías de la Federal, el pasaje de una policía a otra con una forma de gobierno y una institucionalidad distintas”, explica.

Palmieri diferencia los gobiernos de Nación y Ciudad en relación a sus mensajes respecto al uso de la fuerza. “El de Ciudad tuvo en relación a la protesta social un mensaje más apegado a la cuestión del derecho y el uso de la calle. El nacional fue más brutal en su mensaje a las fuerzas federales. De hecho en la represión a las mujeres las responsabilidades más serias son de fuerzas federales.

–Tras la represión a los docentes el gobierno anunció la compra de un “blindado antipiquetes” y empezó a circular un proyecto sin firma para aumentar penas a quienes corten calles y rutas. ¿Cómo definiría el rol de la policía en este contexto económico y social?

–Diferenciaría el rol que pretende un gobierno y otro. En la Ciudad se está redefiniendo. Un problema serio es si el gobierno porteño tiene la dimensión para gobernar una estructura tan grande y compleja. A la Policía Federal se tardó casi diez años en gobernarla. Durante el menemismo el jefe respondía al presidente, ni siquiera a los ministros. Durante la gestión Garré eso era impensable: el jefe obedecía a secretarios de Estado. La Ciudad parece lejos de estar preparada para absorber una burocracia de las dimensiones de la Metropolitana, con su tradición, doctrina e historia.

Al analizar el rol que el gobierno nacional pretende para la policía, Palmieri destaca la criminalización de la protesta social. “Se nota en el decreto sobre migraciones, en el protocolo que nunca se terminó de aprobar y en este proyecto que nadie sabe quién firmó. Van todos en la misma línea, de entender que la protesta es una actitud criminal”, apunta.

–Esta semana el gobierno de la Ciudad negó información sobre la compra de armas antidisturbios argumentando que eso podría frustrar procedimientos. ¿Tiene alguna razonabilidad que el Estado oculte esa información?

–No, las compras en materia de seguridad pública tienen que respetar criterios de publicidad. No sólo debe ser público el equipamiento, también el uso operativo debe ser parte del debate: cómo se lo utiliza, qué protocolos se aplican. En algunos casos implica debatir cuestiones técnicas, pero eso no justifica quitar publicidad. Fue una vieja discusión de la policía y la justicia. Todo lo que hace a equipamiento, personal y reglas de uso se debe conocer. Si la policía usa un tipo de gas, por ejemplo, es una locura pensar que sólo la policía puede saber qué componentes tiene y cómo se puede usar. Es información que tienen que manejar legisladores, defensoría del pueblo y organismos de control.