Tras haber sido víctima de violencia de género, una mujer fue llevada a juicio por el crimen de su expareja y resultó absuelta. "Desde el primer momento, y durante todo el proceso se declaró inocente de las acusaciones del Ministerio Público de la Acusación, que destacó los episodios de violencia pero aún así pidió que se la condene a ocho años de prisión, y luego del debate solicitó que se aplique el instituto de exceso en la legítima defensa", cuestionaron desde el Servicio Público de la Defensa Penal, que representó a A. L. y desde el principio de la causa pidió la absolución. 

La joven mantuvo una relación marcada por la violencia con la víctima. En junio de 2018, Neri Cardozo tenía una prohibición de acercamiento a ella --ya que la relación había terminado hacía unos años-- y fue apuñalado en la cuadra de la casa donde la mujer había vivido hasta que se separaron. Si bien ella estaba allí esa noche, ya que es la vivienda de sus familiares, aseguró que la víctima golpeó la puerta cuando ya estaba herido. Sin embargo, fue imputada y cumplió prisión preventiva domiciliaria. "Siempre proclamó su falta de autoría en el hecho", recordaron desde la Defensoría, que estuvo representada por Adriana Lucero, quien puso en crisis la credibilidad del testimonio brindado por la única testigo presencial que sindicó a la joven.

La defensa evidenció que "un año antes la víctima había sido apuñalado en el mismo sitio de los hechos, presuntamente por una persona que vivía a dos casas de donde residía la acusada. Dicha hipótesis no fue indagada por el Ministerio Público de la Acusación, aún cuando había sido declarado por la madre de A., a poco tiempo del hecho cuando fue citada como testigo", indicaron. Por ello, solicitó la libertad y absolución en base al principio de la duda.

Esta semana, la jueza Patricia Bilotta dio a conocer el veredicto que absolvió a la mujer, tal como solicitó el Servicio Público de Defensa. "Es importante destacar que la credibilidad de la testigo pudo ser valorada dentro del marco de un debate oral y público, donde también fueron escuchadas las voces que dieron cuenta de las situaciones de violencia de género que transitó la acusada", indicaron desde el organismo. "El SPPDP tiene la misión institucional de brindar asistencia penal técnica y desplegar acciones para mantener la vigencia de los Derechos Humanos, sobre todo de aquellas personas que atraviesan especiales situaciones de vulnerabilidad. Ello ha quedado plasmado en el presente caso, con los planteos defensivos del debate y acompañamiento desde la perspectiva de género realizados, sumando de esta manera jurisprudencia que ratifica nuestra política institucional", expresaron en un comunicado.