La continuidad del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) vuelve a ranquear alto entre las preocupaciones de un sector importante de la industria nacional. Así lo demuestran los comunicados de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) y el Colectivo de Cineastas (CDC) emitidos hace una semana. En ellos señalan que, de no mediar modificaciones legislativas, el 2023 arrancará con “el cine perdiendo la principal fuente de recursos con que el Incaa asiste y fomenta” la actividad. Las razones hay que buscarlas en la Ley 27.432. Promulgada en diciembre de 2017, fija el 31 de diciembre de 2022 como fecha de vencimiento para todas las asignaciones específicas de impuestos nacionales coparticipables. Entre esas asignaciones están los dos impuestos que significan el grueso del Fondo: el 10 por ciento de cada entrada de cine y venta de DVD’s y Blu-Ray’s y el 25 por ciento de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en concepto de gravámenes a los canales de televisión y servicios de cable. Bajo ese nuevo paradigma, afirman las entidades, ese dinero no irá directo de la AFIP al Instituto –como hasta ahora– sino a Rentas Generales, corriendo el riesgo de ser reasignado para funciones distintas a las que motivan su recaudación.
Los comunicados vuelven a coincidir cuando vislumbran un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) “sin recursos propios para funcionar, dependiendo de lo que cada año se le asigne en la Ley de Presupuesto y perdiendo su carácter de autarquía definido en su ley fundante”, en palabras de la CAIC. Esa ley fundante es la 17.741, que en 1994 estableció los mecanismos de créditos y subsidios que, desde entonces, y más allá de algunas modificaciones menores, han sido el pilar económico fundamental de la industria cinematográfica nacional. “Hay quienes entienden que eso no implicaría automáticamente la pérdida de fondos para el sector, sino que plantean que esos recursos debían tener una asignación especial que no tenían. Es compresible la preocupación porque en un país como Argentina todo recurso que no tenga afectación definida específica está en discusión”, analiza el docente e investigador de las universidades de Quilmes y San Andrés, Santiago Marino, para quien lo que ha cambiado desde la sanción de 2017 no fue tanto el marco legislativo como el contexto.
Un cambio con “dos velocidades”, como define. La primera, “más constante y duradera”, tiene que ver con el desarrollo tecnológico. “El audiovisual ampliado atraviesa transformaciones cada vez más significativas en todos los eslabones de la cadena y que ponen en duda una regulación que tiene su trayectoria, que sirvió mucho para el sector del cine en un momento específico y ha logrado prolongarse en el tiempo. Es la única política de Estado para el sector audiovisual”, analiza. La otra velocidad “es más intensa y se vincula con lo que la pandemia ha hecho con eso”. Es así que, si bien “no hay nada nuevo en términos tecnológicos desde 2020, sí hay un contexto global distinto que aceleró muchas decisiones que ya veníamos observando, como la reducción de la ventana entre el estreno en cines y las plataformas y la desaparición de varias salas que no lograron abrir después de estar cerradas durante meses”.
La industria –señalan desde el CDC y la CAIC– viene siendo cacheteada con fiereza por la situación sanitaria, con una caída de la taquilla 2020 de un ochenta por ciento en comparación a la 2019 que redunda en un Fondo menos voluminoso, las salas de las ciudades más populosas cerradas y casi sin rodajes en marcha. Es, pues, un corte profundo a la circularidad que había entre lo recaudado, la reinversión en producciones nacionales y su llegada posterior nuevamente a las pantallas. Un circulo que antes de la pandemia tardaba un mínimo de entre dos y tres años para cumplirse, con los inevitables problemas que genera esta brecha en una economía atravesada por la inestabilidad y la inflación. En esa línea, Marino advierte que “el problema no va a ser lo que no produzcamos este año o el que viene con lo que no se recaudó en 2020, sino lo que no se produzca en 2023 o 2024. Esta crisis sí será prologada en términos de lo que aportan al Fondo las entradas vendidas”.
¿Cómo reactivar un sector cuyo alimento más nutritivo es un porcentaje de las entradas vendidas en complejos vacíos hace casi un año? Para Marino deberían “generarse mecanismos de urgencia similares a los que presentó el mes pasado el gobierno y vincularlos con estímulos a la demanda”. “En Francia, por ejemplo, entregan a los adolescentes y jóvenes una tarjeta con dinero para gastar en alguna suscripción vinculada con las industrias culturales, y se vio que muchas suscripciones se mantienen después del periodo pagado con esa tarjeta. Otro estímulo que ha funcionado muy bien en momentos puntuales fueron los 2x1 y los descuentos fuertes para entradas a películas argentinas. De esta crisis hay que salir con una propuesta distintiva y diferenciadora, y eso implica necesariamente incluir a las plataformas como sujetos regulados. Creo que al reclamo por la no caducidad de los fondos hay que acompañarlo con una demanda, una militancia, una gestión que incluya a esas empresas como aportantes para generar recursos. Esa regulación debería traer exigencias de producción nacional, cuota de pantalla y visionado en la interfaz”, afirma.
Fondos para el Fondo
La búsqueda de que una parte de lo que abona cada usuario de una plataforma de streaming vaya al FFC no es nueva, aunque ha tomado fuerza desde marzo del año pasado. La cuestión es de qué manera hacer calzar esta idea en el actual marco regulatorio. Si bien la Ley de Cine no distingue modos tecnológicos, sí habla de la comercialización, ya sea en concepto de venta o alquiler, de “videogramas grabados” para definir a los actores obligados a aportar. Pero en las plataformas no hay “videogramas grabados” sino envío y descarga de datos. De allí que en el ámbito de las telecomunicaciones se hable de ellas como servicios OTT (Over the Top), es decir, de libre transmisión de audio, video y otros contenidos por internet sin operadores tradicionales involucrados. “Servicios” es otra palabra clave, pues ese encuadramiento las vuelve afectables por normas de naturaleza tan distinta como las leyes Argentina Digital, de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Economía del Conocimiento.
-Podría pensarse que hasta que no se cambie el concepto “videogramas grabados” de Ley de Cine será difícil aspirar a que estas empresas tributen.
-Sí, pero quizás la solución, que siempre demandará voluntad política –alguien tiene que poner los votos en el Congreso, la variable más difícil de llevar adelante cuando se estudian estos temas–, pueda darse redactando un artículo que modifique esa definición no solo en la Ley de Cine sino en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta última no habla de operadores lineales que se dediquen a la distribución de contenidos audiovisuales propios y de terceros en la red y a demanda, y es una definición que hay que agregar. Con cierta técnica legislativa los especialistas pueden resolverlo, pero el campo cinematográfico argentino deberá convivir con que parte de sus cánones decimonónicos se quiebren en términos de definición. Eso demandaría hacerle una actualización al Instituto incorporando algunas tareas que no tiene y reorganizándolo, algo mucho más que complejo que cambiar las palabras “videogramas grababos”.
-¿Cómo debería dialogar la Ley de Cine con ese contexto jurídico?
-La Argentina tiene una regulación divergente y desarticulada del sector audiovisual, y creo que lo mejor sería articularla. Muchas veces me han respondido a la crítica de la desarticulación que la conducción es política. No me parece serio ese planteo, porque cuando es así asoman las urgencias que ve hoy el sector: que cuando venga un gobierno que no tenga entre sus prioridades la defensa de la producción nacional, estaremos en problemas. Y ahí también la conducción es política. Pero tampoco hay una respuesta sencilla porque ningún país la tiene. No hay un “modelo europeo” o “estadounidense” como ejemplos posibles. Hoy tenemos un escenario donde hay jugadores no regulados que compiten en condiciones beneficiosas con jugadores regulados, con el agregado de que estos últimos tienen más exigencias a nivel nacional y son más chicos que los que los no regulados que dominan el mercado. Hay que pasar de esa desigualdad a un marco regulatorio igualitario, con igualitario entendido como que todos estén regulados.
- ¿Y luego?
-Creo que debería regularse por servicios y no por tecnología. Quizás no haya que pensar en tipos de producciones ni generar “fondos para películas” y “fondos para series”, sino directamente para contenidos nacionales. Y sin duda a ese fondo tienen que sumarse las plataformas, sobre todo las extranjeras. Esa es una experiencia que está atravesado México y Colombia, y que en la Argentina es una discusión en algunos sectores muy puntuales. Hay una serie de líneas que sí deberíamos cumplir: integrar a los no regulados a la regulación con exigencias impositivas, de producción y visibilidad en la interfaz, que esa regulación esté guiada por servicios y no por tecnología ni tipo de producciones, y que sea lo más justa posible pensando que estamos en pos de regular actores muy diversos entre sí, con capacidades muy diferentes y con reacciones que hacen que todos se presentan como débiles.
-¿En qué sentido?
-Si uno habla con Netflix, ellos dicen: “Bueno, estamos dispuestos a encuadrarnos en una regulación, pero esa regulación debería empezar a pensar la propiedad cruzada que hay entre proveedores de servicio de conexión y OTT”. Y ahí tenés a Clarín, porque para ver Netflix necesitás un servicio de conexión. Ahí hay un actor no regulado como Netflix compitiendo contra un regulado como Flow, que es parte de una empresa que además provee servicios de conexión. Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de regular, lo que muestra la complejidad de la trama. Quizás haya que avanzar por compartimentos.
-¿Cómo sería eso?
-Me refiero a que conviene avanzar por partes. Si metemos a lo no regulados dentro de una regulación, ¿qué le vamos a pedir? Que paguen algún impuesto, que figuren en un registro para saber quiénes son, dónde están, cómo operan y si cumplen con lo pautado. Después vemos si en el futuro hay más posibilidades, porque no hay que descartar que una ley de este tipo quede vieja dentro de cinco años, por lo que a lo mejor la solución no sea una norma. Pero es cierto que así como hay urgencia por el reclamo de los fondos, habrá urgencias mientras sigan conviviendo operadores regulados con no regulados.
