Las estadísticas que publica cada año la Corte de Justicia de Catamarca señalan una realidad que desde el año 2017 las imputaciones por casos de abuso sexual se van incrementando a razón de un 20% por año. Así, mientras en el año base los abusos ocupaban el lugar número 15 en la lista de delitos más cometidos en la provincia, en 2019 (últimos datos publicados este año) los abusos sexuales treparon hasta el puesto 12.
Esta categoría se encuentra integrada por violaciones (abuso sexual con acceso carnal) y otros delitos contra la integridad sexual. Mientras en 2017 en toda la provincia hubo 224 imputaciones (no están incluidas todas las denuncias que a veces pueden demorar en ser imputadas o son desestimadas por los fiscales instructores), en 2018 la cifra trepó a 272 y en 2019, a 309 casos. Es decir que hubo un aumento sostenido de un promedio del 20% cada año.
Si se desagrega por circunscripción judicial, la mayor cantidad de denuncias por estos delitos se concentra en la primera, que abarca los departamentos más poblados como Capayán, Capital, Valle Viejo, Ambato, Ancasti, Fray Mamerto Esquiú, Santa Rosa, Paclín y El Alto. El resto de las circunscripciones (5 más) registraron casi la mitad de los casos, siendo la del departamento Belén la que sumó más.
Información publicada en 2018 por el Ministerio de Salud daba cuenta de que en el Hospital de Niños Eva Perón, único lugar en donde se realizan los protocolos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, se llevan a cabo al menos cuatro intervenciones por semana.
En tanto, y según publica el Informe de Estadísticas Criminales de la Nación, el 80% de los casos de abuso sexual son cometidos contra mujeres.
Según se explicó desde la Corte, Catamarca no cuenta con un sistema integrado en el que se puedan detectar la cantidad de denuncias, imputaciones, género y edades de las víctimas. Esta situación impediría generar políticas públicas eficientes para combatir el flagelo.
La importancia de la educación
Según un estudio realizado por el Observatorio de Violencia y publicado el año pasado, en Argentina, casi el 80% de las denuncias que realizan los niños, niñas y adolescentes se hacen después de una clase de Educación Sexual Integral (ESI).
Debido a presiones de la Iglesia Católica principalmente, Catamarca recién pudo adherir en 2018 a la Ley 26.150, que rige desde 2006 en el país. La norma establece que “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.
Sin embargo, pese a esta adhesión, sigue habiendo controversias para su aplicación, impidiendo derechos a los destinatarios.
En tanto, en 2018, y para combatir este flagelo, el Congreso sancionó la Ley 27455, que trasforma los delitos sexuales de instancia privada a instancia pública. Esto significa que al ser un delito de instancia pública, el Estado deberá investigar de oficio cualquier caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Antes, la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratificara la denuncia terminaba siendo un obstáculo para que haya justicia.
El objetivo de esta norma fue facilitar las investigaciones y resguardar el interior superior de los niños, niñas y adolescentes, ya que en el 90% de los casos el abusador es un familiar de la víctima. La consecuencia era una cifra negra de casos que no se investigaban por este motivo.
