La resolución del juez Rodolfo Mingarini, que liberó a un acusado de abuso sexual porque utilizó preservativo, una acción que consideró incompatible con el ejercicio de violencia sexual, generó repudios en todo el país. En la misma causa, la Fiscalía apeló. Y además, veinte diputadas provinciales pidieron que se investigue el accionar del magistrado. Ante este pedido, y la “repercusión social”, la Corte Suprema abrió una investigación. Mingarini tiene como antecedentes otras decisiones abiertamente contrarias con la perspectiva de género que es obligatoria según normas internacionales, y su suerte como juez está en proceso, ligada a la difusión de ese video lleno de prejuicios machistas. La pregunta que queda abierta es: ¿se trata de una excepción dentro del poder judicial? ¿Cómo se impide que las mujeres y las disidencias sexuales sean revictimizadas? “La posición que adoptó el juez en este caso es un reflejo de la formación en la carrera de abogacía. Pero hay normativas, hay jurisprudencia, hay recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos que obligan a los estados a transformar la educación universitaria con perspectiva de género, y así formar a jueces, juezas, defensores, defensoras, fiscales, fiscalías. Es decir, hay una obligación del Estado”, expuso Analía Aucía, que es directora del Centro de Estudios Feministas Jurídicos y Sociales (CEFEJUS) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y también activista del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer.

Desde la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas, su presidenta, Daiana Araya también consideró que la resolución de Mingarini expresa un estado de cosas que urge cambiar. “Queremos apartarnos de las miradas punitivistas, porque es una forma de reducir el problema a un solo juez, y esto no se resuelve con una sanción. Lo que me hace ruido es que las sanciones las aplican jueces que tampoco tienen perspectiva de género. Por eso, no nos interesa que lo aparten, sino que todas las personas que integran el poder judicial se formen”, sostuvo Araya.

Para la presidenta de la Colectiva, está claro que sin la repercusión pública que impulsaron los feminismos, la resolución hubiera pasado de largo. “Tienen que sincerarse y empezar reconocer que nunca hubo capacitación en género. Hicieron una por obligación, que fue paupérrima, muy deficiente. Primero tienen que empezar a capacitarse ellos, los ministros de la Corte Suprema de justicia provincial y después exigirles a los jueces de primera y segunda instancia que se capaciten”, opinó Araya.

Para esta activista, el peligro es que la exclusión de Mingarini clausure la discusión. “Es lo que pasa siempre con las personas que tienen actitudes machistas, se las excluye del sistema en vez de reconocer que el sistema en sí mismo es machista, e intentar cambiarlo. Lo excluimos a él porque es el único que no tiene perspectiva de género… Y no. Nadie la tiene. Nosotros todos los días estamos viendo casos donde el Ministerio Público de la Acusación trabaja sin perspectiva, el juez deja personas detenidas sin perspectiva de género, sin un criterio, sin haber leído absolutamente nada de los tratados internacionales”, planteó la presidenta de la Colectiva, quien aboga para que la formación en género forme parte del puntaje que se compute para el acceso al sistema.

Desde CEFEJUS, Aucía sostiene que “las actuaciones judiciales que son objetos de crítica de parte del movimiento feminista y de mujeres y de disidencias sexuales muestran la insuficiencia importante que hay en la formación de grado de la carrera de abogacía. Es necesaria una reforma radical del plan de estudios para incorporar de manera transversal la perspectiva de género, una orientación a la defensa y garantía de los derechos humanos con garantía de género y de diversidad sexual y también hay que formar para proteger la diversidad cultural. Es decir, hace falta una reforma fundamental del plan de estudios para formar a profesionales que van a actuar en los diferentes órganos del estado, sobre todo en el poder judicial”.

Aucía recordó que “cuando aparecen estas resoluciones, estas opiniones, estas sentencias judiciales, el estado está incumpliendo una responsabilidad. No solamente frente a la comunidad del país sino en una responsabilidad internacional porque está incumpliendo las normativas a las que el mismo estado se obligó. Entonces, en la medida en que haya profesionales que estén en el poder judicial formados en derechos humanos, en género, vamos a tener sentencias, vamos a tener una justicia que realmente pueda evitar producir y reproducir impunidad”.