A pesar de haber realizado un pedido expreso de autorización, la dirigente social Milagro Sala no pudo ayer ejercer su derecho a participar de las elecciones legislativas en la provincia de Jujuy.

Sala, que estaba en condiciones de sufragar porque no tiene condena firme, destacó que sus abogados "hicieron la presentación para que pudiese votar y se la hicieron llegar al presidente de la Junta Electoral, ( Federico) Otaola, y no autorizó para que pueda ir a votar". Y denunció que de esta manera "una vez más, violan mis derechos democráticos para poder participar de estas elecciones con mi voto”.

La negativa a permitir que la dirigente social pudiera ejercer su derecho fue denunciada  por su abogado, Luis Paz. "Siendo que su privación de libertad es preventiva y no existiendo sentencia firme en su contra, es que solicito se ordene al Servicio Penitenciario Provincial de Jujuy que se la traslade a la Escuela N° 430 Padre Jerónimo Schonfeld a efectos de que pueda emitir su sufragio”, pidió en la presentación oficial realizada.

Paz recordó que ya en mayo de este año denunciaron que "Entre Federico Otaola y Laura Lamas González (integrante del Superior Tribunal de Justicia de Juuy) habían hackeado el sistema integral de gestión judicial (SIGJ). Luego advertimos a los diferentes frentes electorales lo que eran capaces de hacer para sostener el pacto de poder corrupto y mafioso entre Morales y (Rubén) Rivarola". Y sostuvo que la determinación de que "a Milagro Sala le hayan privado de sus derechos políticos el día 27 de junio fue una decisión de Morales y confirmada por Federico Otaola” .

El derecho a participar de los comicios les fue negado en realidad a todas las personas en condición de sufragar que están cumpliendo prisión preventiva porque el Tribunal Electoral de Jujuy no dispuso la instalación de urnas en los establecimientos carcelarios, como establece el Código Nacional Electoral.

Según la justicia electoral, esta previsión debió haber sido expresada expecíficamente en el decreto 2870-G/2021, por el que en marzo pasado el gobernador Gerardo Morales hizo la convocatoria a comicios para la renovación parcial de la Cámara de Diputados provincial, de concejos municiales y miembros de comisiones municiapales, por el período 2021-2025.

Consultado por esta situación, el secretario electoral, Horacio Pasini Bonfanti, afirmó que en estas elecciones provinciales no estaba prevista la votación de las personas privadas de su libertad. Agregó que la ley electoral de la provincia no lo contempla, y que "debería haber estado expreso en el decreto de convocatoria para las elecciones legislativas 2021”.

La Ley 25858 del Codigo Electoral Nacional en su artículo 3° bis establece que “Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos".

E incluso dispone que con ese fin la Cámara Nacional Electoral debe confeccionar el Registro de Electores Privados de Libertad, que "contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir los jueces competentes; asimismo habilitará mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención y designará a sus autoridades". Y prevé que los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda "podrán votar en el establecimiento en que se encuentren alojados y sus votos se adjudicarán al Distrito en el que estén empadronados”.

La negativa a que Milagro Sala votara fue el corolario de una campaña en la que el oficialismo encabezado por el gobernador Morales recurrió al hostigamiento y persecución contra la dirigente social, como ya lo hiciera en 2015. En ese marco, hace 10 días el Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) le impuso una nueva condena en la vieja causa del escrache a huevazos contra el propio Morales de 2009.

En 2016 Sala fue condenada declarándola responsable de instigación en relación a ese hecho, a pesar de que ni siquiera estaba en la provincia cuando Morales, siendo senador, fue repudiado por manifestantes. Ahora la condena fue por amenaza, respecto del mismo hecho. Además de que la sentencia se dictó en plena campaña, para la audiencia de visu, antes de dictar la nueva sentencia, la dirigente fue sacada de su casa esposada y sin siquiera darle tiempo a consultar con sus abogados defensores, que ni siquiera se encontraban en la provincia.

En las elecciones de 2019 la dirigente fue trasladada desde su domicilio a la unidad del Servicio Penitenciario de Jujuy en el barrio Alto Comedero, sin embargo pudo ejercer su derecho cívico a pesar de esas irregularidades, ya que debía votar en el establecimiento escolar cercano, en cuyo padrón figura. En cambio, este año tras una marcada persecución política del gobernador a la dirigente, directamente no permitió que ninguna persona privada de su libertad pueda emitir su voto.