El proyecto que declara la necesidad de la Reforma del Estado provincial en materia administrativa y funcional, en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); Tribunal de Cuentas; organismos descentralizados, y entidades autárquicas de Catamarca, fue girado por segunda vez a la Cámara de Diputados de Catamarca para su tratamiento. Esta vez incluye las reformas realizadas por el Consejo Político, Económico y Social (COPES).

Desde el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI), quienes participaron de la instancia de reforma, aseguraron que se trata de una “propuesta superadora”. Además, y por los cambios propuestos, explicaron que podrían traer una “puja de intereses” con el sector político ya que prohíbe la designación de “familiares”.

El nuevo documento, que ahora consta de 23 artículos (antes tenía 26), fue facilitado al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, en diciembre del año pasado por los miembros del COPES. Moreno explicó que la entrega en la Cámara Baja fue “postergada por la situación de pandemia”. En tanto, adelantó que se trata de una “propuesta enriquecedora”.

El ministro aseguró que no se trata una reforma laboral del Estado como planteó la oposición cuando fue el primer ingreso a la Legislatura el año pasado: “Lo que nosotros tratamos es que el Estado, que está sobredimensionado, sobrepoblado, tenga una función distinta, se agilicen los procesos, se capaciten los agentes, que tengan un proceso de ingreso”, dijo y aclaró que se están estudiando distintas cosmovisiones de capacitación, que tardarían por lo menos dos años. “Son procesos a futuro, para adelante. Es un cambio que llevará su tiempo”, aclaró.

El proyecto original había sido enviado a la Legislatura en abril del año pasado. Tras conocer los términos de las modificaciones que se proponían, los primeros días de septiembre, los gremios consiguieron que el gobierno diera marcha atrás y permitiera que la reforma pase a discutirse en el COPES.

En representación del FUSSI, el abogado Iván Sarquís, explicó ayer lunes que las modificaciones que realizaron la transformaron en “una reforma orgánica y funcional que tiene como eje determinante al empleado público. Desde el sector que represento trabajamos durante seis meses para tratar de resolver las hipótesis de conflicto que el proyecto original tenía y proponer unas reformulaciones que tienen que ver con ampliación de derechos sindicales u obreros”, dijo.

Sarquís coincidió con Moreno al asegurar que se trata de “una propuesta superadora”. “Han sido muchos y significativos los cambios. Por ejemplo, el ingreso a la administración pública a partir de un programa de capacitación, se hará con antecedentes es decir que se toma en cuenta la idoneidad del trabajador. El pedido para abrir el cupo de postulantes que haga el Estado tendrá que estar justificado”, contó.

Asimismo, destacó que la movilidad de los trabajadores estatales cambiará su eje: “Ahora estará determinada por las necesidades del trabajador”

“Lo que tratamos es plantear un organigrama de toda la administración, donde exista el reconocimiento de pago por tarea y evitar la precarización. Actualmente hay muchos trabajadores con funciones jerárquicas que no se les reconoce ni se les paga por ese trabajo. Ampliar los derechos obreros es algo que en el proyecto original no estaba planteado”, contó.

En cuanto a si se trata de una reforma laboral, Sarquís aseguró que “no es laboral es administrativa. Hace hincapié en la reorganización de las estructuras organizadas, es una reformulación de los paradigmas por los cuales se conformó el Estado. Será un Estado más eficiente, donde se dotará de conocimiento y herramientas a los trabajadores para que brinden un mejor servicio”.

En cuanto al acuerdo de otros sectores con este nuevo proyecto, el abogado señaló: “Los sectores sindicales enrolados en la Fussi, Suteca, el sindicato de empleados de la obra social OSEP, también UPCN, representantes del COPES, personal técnico y otros compañeros y compañeras, especialmente del sector social, trabajamos mancomunadamente para rearmar este proyecto”.

Con respecto al tratamiento que tendrá en la Legislatura, señaló que “Seguramente toca algunas cuestiones que tiene que ver con privilegios del sector político, en detrimento del sector político y a favor del sector obrero, y habrá una puja de intereses que considero que ES democrática y saludable”.

Teniendo en cuenta que una de las propuestas es evitar que familiares de funcionarios sean designados, el abogado explicó que pretenden "que las designaciones no sean resultado de una necesidad proselitista, sino que tenga necesidad del obrero, y que dignifique la fuerte de trabajo. Creo que existen dos visiones diferentes de lo que queremos como Estado y de lo que la provincia necesita. Veremos qué visión prospera”, concluyó.

Modificaciones principales

Algunos de los cambios en el nuevo proyecto, incluyen: 

*la erradicacion de la violencia laboral, adaptándolo a los tratados internacionales.

*También establece que no podrá designarse, bajo cualquier cargo o modalidad de relación Iaboral, a quien tenga vínculo de parentesco tanto en línea recta como colateral, hasta el segundo grado inclusive, tanto de consanguinidad o de afinidad, con las autoridades superiores de los tres Poderes del Estado Provincial o del Tribunal de Cuentas de la provincia.

*Los trabajadores de planta no permanente de la Administración Pública, con excepción del personal de gabinete, adquirirán estabilidad en el empleo de modo automático cuando transcurra un período de seis meses de prestación de servicios efectivos y contínuos.

*El personal de Gabinete o equivalente deberá cumplir como mínimo una carga horaria semejante a la establecida para la Planta Administrativa.