Desde Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia convalidó ayer –por 4 a 2- el control político de los fiscales del MPA al declarar “constitucional” la facultad de la Legislatura para suspenderlos y removerlos del cargo en un régimen de disciplinamiento que nació con sanción express en 2017, cuando cuatro senadores y un ex eran investigados por supuestos delitos económicos. La firma del fallo y hasta la autoría de los votos eran “secreto a voces” en Tribunales, tanto que la Asociación de Fiscales del MPA advirtió esta misma semana que si esos “rumores” se confirmaban “estaremos ante una nueva derrota de la calidad institucional de la provincia”. Eso fue lo que ocurrió, salió el fallo y hasta con sincronía: mañana está convocada la Asamblea de senadores y diputados para aplicarle al director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, una ley ya asociada a su nombre, la 14.016, con efectos retroactivos y suspenderlo por seis meses en un cargo que ganó por concurso y no requería acuerdo parlamentario. La mayoría de la Corte que avaló el control de la Legislatura a los fiscales de grado se integró con el presidente, Roberto Falistocco y sus colegas Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller y María Angélica Gastaldi: el primero ex funcionario de Víctor Reviglio y los otros tres vinculados a Carlos Reutemann. Votaron en contra Daniel Erbetta y Mario Netri.

La Corte revocó el fallo de la Cámara en lo Laboral de Rosario (Sala 2) que en setiembre de 2020 declaró “inconstitucional” la ley 13.807 (y su antecesora, la 13.695), que asignó a la Legislatura la potestad de sancionar y despedir fiscales. El caso en debate es el del fiscal de Rosario Adrián Spelta, sobre quien pesa un pedido de suspensión, pero los hechos lo trascienden.

En su origen, la ley 13.013 (que creó el Ministerio Público) asignaba a la Legislatura la facultad de investigar las conductas del fiscal general y de los fiscales regionales. Pero a partir de 2017, el Senado y la Cámara de Diputados avanzaron en el control de los fiscales de grado, en lo que la Asociación de Fiscales del MPA llamó el comienzo de una “gangrena institucional”.

La Legislatura asumió “una lógica signada por el cinismo, moldeada en la más voraz realpolitk y orientada hacia el aseguramiento de la impunidad de ciertos sectores de la sociedad en la provincia”, recordó la Asociación en un documento que se conoció 48 horas antes del fallo de la Corte.

“El inicio de esta gangrena institucional” comenzó “cuando 18 senadores y el vicegobernador” le pidieron a la comisión de Acuerdos la apertura de un “proceso disciplinario a los fiscales que tenían a su cargo las investigaciones de denuncias contra cuatro senadores y un ex”.

Cuando se dieron cuenta que por la ley 13.013, “no tenían competencia para disciplinar a los fiscales, se inició un proceso que, entre gallos y medianoche, terminó con la sanción express (de la ley 13.695), que amplió el dispositivo. La Legislatura se arrogó la potestad de investigar y juzgar a los fiscales de grado”. La Asociación reveló que sus directivos le pidieron al entonces gobernador Miguel Lifschitz que vetara la norma, sin éxito.

“Desde entonces, para la mayoría de los fiscales cada caso esconde el peligro que se toque el interés de alguien con protección o vínculos con algún legislador o alguna legisladora”, alertó.

La ley 13.695 –que Lifschitz no quiso vetar- “fue declarada inconstitucional por la Cámara Laboral de Rosario”. Entonces, la Legislatura sancionó la ley 13.807, que “es más o menos lo mismo que la anterior, pero con edulcorante”, ironizó la Asociación de Fiscales. Ayer, la Corte convalidó el control político de la Legislatura a los fiscales que éstos interpretaron como una “nueva derrota de la calidad institucional de Santa Fe”

“La voracidad de estas iniciativas legislativas orientadas a disciplinar al MPA llegaron a su grado máximo de desparpajo e ilegalidad” cuando en noviembre se sancionó –en 20 minutos- un proyecto del senador Armando Traferri, que otorgaba a la Legislatura “facultades para requerir los legajos de investigaciones en curso del MPA”. Era la ley 14.013, que el gobernador Omar Perotti vetó en diciembre. En mayo, el Senado rechazó el veto con 13 votos: los siete radicales y los seis de Traferri, pero la norma no pasó la Cámara de Diputados. La que sí pasó, fue la 14.016, que en 24 horas le podrían aplicar a Sain en forma retroactiva para suspenderlo en el cargo.

“Este esquema de leyes tuvo la aquiescencia de Lifschitz, que pese al pedido de todos los fiscales de la provincia se abstuvo de vetar la ley 13.695” y del jefe del propio MPA Jorge Baclini, que “no ha litigado” contra este dispositivo.