El Senado convirtió en ley ayer el proyecto oficial que le otorga amplios beneficios a los contratistas privados de obra pública. Es la segunda vez que la cámara alta aprueba la iniciativa de participación público-privada en infraestructura debido a que el proyecto había vuelto al recinto con modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. El resultado final fue 43 votos a favor, 15 negativos y 2 abstenciones. El flamante marco regulatorio confiere una serie de derechos a las empresas que inviertan en desarrollos, como la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros cualquier diferendo con el Estado argentino o asegurarse una rentabilidad mínima sobre sus desembolsos. Para la aprobación de esta norma, el oficialismo contó con el acompañamiento de una parte de los senadores del Frente para la Victoria.
El proyecto de participación público-privada había sido girado a fines del mes desde el Senado a Diputados con algunos cambios y pocos contratiempos, pero en la Cámara baja la iniciativa tuvo sus idas y vueltas. Durante el debate en comisión se aplicaron algunas modificaciones pero no fueron suficientes para alcanzar el número necesario para su aprobación en el recinto. El proyecto fue bajado entonces de la votación por pedido de un grupo de legisladores del FpV-PJ y retornó a comisión. Allí se aplicaron retoques extras, como elevar de 25 a 33 por ciento la participación mínima de producción nacional en las obras, lo cual fue una ofrenda de paz del oficialismo a los dirigentes de la CGT que habían amenazado manifestarse contra el proyecto. Luego de aprobado en Diputados y elevado a la Cámara alta, la segunda vuelta ayer en Senado tuvo un tratamiento express. El debate se extendió por poco más de una hora, con escasas intervenciones tanto del oficialismo como de la oposición. 
Durante su discusión en Diputados, se incorporaron algunos leves cambios de redacción en artículos vinculados, además de con la posibilidad de incentivar producción y mano de obra local, con controles medioambientales y de ejecución a cargo de la Auditoria General de la Nación (AGN). “Esta ley es algo que a mí me subleva. Esta ley es la derrota, antinacional, una ley más de coloniaje y abuso. Y es un embuste la incorporación de controles por parte de la AGN”, sostuvo el senador Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), quien aseguró que la Auditoria nunca evidenció haber cumplido con su rol de contralor.
El punto central que más rechazo generó entre sus detractores es la posibilidad que tendrán las empresas de acudir, con consentimiento del Ejecutivo nacional, a tribunales arbitrales extranjeros. Se trata de un punto neurálgico de la ley que el oficialismo no estuvo siquiera dispuesto a discutir y para mostrar una supuesta voluntad de diálogo, incorporó en Diputados a pedido del Bloque Justicialista, la necesidad de informar al Congreso. De todos modos, este último no tendrá ingerencia en la decisión de aceptar el traslado del litigio a juzgados extranjeros. También se dispuso conformar una comisión bicameral de control. Los cambios fueron tan irrelevantes que recogieron hasta críticas del propio oficialismo. La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (Alianza Cambiemos) dijo que los cambios en Diputados “son más de maquillaje que otra cosa”. Pero respaldó el trabajo en Senado. 
El presidente de la Comisión de Infraestructura, el correntiado Carlos Espínola (Alianza FpV), destacó que “se ha hecho un gran trabajo de todos los sectores”. “Se buscó aportar transparencia y el fomento del trabajo nacional. Los aportes de Diputados complementan de manera saludable”, agregó el Espínola. Por su parte, el radical Alfredo Martínez aseguró que el proyecto va en línea con “uno de los objetivos más grandes que tiene el Gobierno, que es el de generar empleo”. Si bien el macrismo utilizó el argumento de que este marco permitirá más inversiones que derramen en mayor empleo, la experiencia internacional da cuenta de que los acuerdos público-privados empeoran las condiciones laborales y la organización colectiva en sindicatos.