Desde Santa Fe
La sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados reculó ayer en el intento de suspender por seis meses a Marcelo Sain como director del Organismo de Investigaciones del MPA por hechos que le reprochan cuando era ministro de Seguridad. El freno fue la sentencia de la jueza de Rosario, Paula Calace Vigo, quien ordenó a la bicameral de Acuerdos “dejar sin efecto y archivar” el sumario. Pero la operación de la Legislatura quedó por la mitad: no se animó a sancionar a Sain, aunque tampoco cumplió la orden de cerrar el proceso y archivarlo. Con lo cual, 34 diputados radicales, socialistas y macristas y 11 senadores de la UCR y del bloque de Armando Traferri podrían haber incurrido en desobediencia de una manda judicial. Un desacato que quedó a la vista cuando los rebeldes encomendaron al presidente de la comisión de Acuerdos, el radical Fabián Bastía –que responde al ex ministro Maximiliano Pullaro- apelar el fallo de Calace Vigo, en una causa en la que la Legislatura no es parte ni tiene personería para hacerlo porque la representación de la provincia en juicios la ejerce el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de Estado. Y después, resolvió dejar en suspenso el tratamiento del orden del día de la Asamblea –que era castigar a Sain-, por lo tanto el proceso quedó abierto y no se mandó al archivo, que era lo había ordenado la magistrada.
El debate se inició con un informe de Bastía, quien anotició que ya tenía en su poder la notificación del fallo de Calace Vigo. El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, propuso que el propio Bastía se encargara de apelar la resolución de la jueza, lo que generó el primer choque. El jefe de los diputados del PJ, Leandro Busatto, y su colega Matilde Bruera advirtieron que la Legislatura no es parte en el juicio que inició Sain porque la representación de la provincia está a cargo del Poder Ejecutivo. El gobernador Omar Perotti encomendó por decreto al fiscal de Estado que se allane en el amparo y la jueza Calace Vigo ordenó que la comisión de Acuerdos “deje sin efecto y archive” el trámite a Sain. Por lo tanto, la resolución quedó firme. Es cosa juzgada.
Busatto dijo que la decisión de la Asamblea de no acatar el fallo de la jueza comprometía “la salud institucional de la provincia” y genera “un proceso inédito, inusitado, de una gravedad difícil de prever”. Bruera coincidió que “la orden de la jueza de archivar las actuaciones debía acatarse. Las órdenes judiciales deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y todos los poderes. La desobediencia de una orden judicial acarrea serias sanciones, incluso en el ámbito penal”. Y reforzó el planteo de que la Legislatura no tiene personería para intervenir en el juicio porque la representación de la provincia la ejerce Fiscalía de Estado. El mandato a Bastía para apelar salió por 48 votos, 11 en contra y 7 abstenciones.
El segundo choque fue por el orden del día, si se trataba o no. Farías propuso pasar a un cuarto intermedio y luego dijo que era mejor dejarla en suspenso. En los hechos es lo mismo: el proceso a Sain quedó abierto. Busatto le apuntó a quienes intentaban en “justificar lo injustificable”, que era no acatar el fallo judicial, mientras que Bruera insistió que “las órdenes judiciales hay que cumplirlas y si no se cumplen se incurre en el delito del artículo 239 del Código Penal.
La moción de Farías se aprobó 45 votos, 14 en contra y cuatro abstenciones. La vice Alejandra Rodenas anunció entonces que quedaba “pendiente el tratamiento del orden del día” de la Asamblea, que era suspender a Sain.
