La Justicia provincial se llevó ayer por medio de un oficio dos expedientes de la sede del Ministerio de Seguridad de la capital referidos a licitaciones para la compra de armamento y vehículos para fuerzas de seguridad que fueron denunciados por diputados de la oposición por supuestas irregularidades.
Según informó Aire Digital de Santa Fe, el procedimiento tuvo lugar en la Dirección General de Administración y en el área de Coordinación Administración Financiera a pedido de los fiscales del área de Delitos Complejos, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández.
Los expedientes fueron iniciados durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain y por su redacción y el tipo de especificaciones exigidas en compras que tenían un presupuesto oficial de 1.400 millones de pesos, originaron una denuncia de los diputados del Frente Progresista Juan Cruz Cándido (UCR) y Lionella Cattalini (PS) quienes sospechan que se pretendía favorecer a una empresa particular. Entonces el gobierno suspendió la licitación horas antes de que lo hiciera la Justicia.
La sospecha se abrió también porque la licitación del Ministerio de Seguridad pretendía que una sola empresa abasteciera a la provincia de 12.000 pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotirador y 6 fusiles para francotirador de cerrojo manual.
El avance en la investigación ocurre un día después que la Legislatura dejará pendiente la suspensión de Sain como director del Organismo de Investigaciones del MPA después de que el ministro lograra una orden judicial en ese sentido.
