Los ministros de ambiente, clima y energía de las 20 economías más importantes del mundo se reunirán en Nápoles este jueves para darle un impulso a la debilitada agenda internacional ambiental. El mundo se encuentra en estado de emergencia ambiental cuyas consecuencias están a la vista: pandemia, inestabilidad económica, inseguridad alimentaria, desastres naturales y crisis humanitarias, por solo nombrar algunos. Y cada vez es más claro que proteger el ambiente es la única salida para estabilizar nuestras economías, idea que ha sido reconocida por los ministros de finanzas del G20, al indicar que “siguen siendo prioridades urgentes”.

La discusión sobre el origen de la covid-19 ha dado mayor visibilidad y discusión política a las emergencias ambientales, en especial la relacionada a la pérdida del hábitat natural. Esta crisis sanitaria expuso la ya evidente interdependencia sistémica entre la civilización y la naturaleza, un tema en que las naciones se han dividido entre un doble estándar de preocupación e impulso por poner en práctica los acuerdos mundiales y por otro lado en continuar destruyendo la barrera natural que provee la biodiversidad en nombre de un “desarrollo” que ha beneficiado a unos pocos y ha dado solo migajas al resto, abriendo nuevas amenazas sanitarias, como es el caso de la covid-19, a pesar de las advertencias de la ciencia en las últimas dos décadas. Tan solo en los diez años recientes, las enfermedades zoonóticas (que pasan de otras especies a humanos) representaron el 60 por ciento de las patologías infecciosas conocidas actualmente.

Asimismo, la profundización de la crisis de las deudas soberanas ha sido una de las consecuencias de la pandemia, y es hoy una de las cuestiones más urgentes a resolver en un mundo en el que todavía a los gobiernos les cuesta asumir una agenda política internacional clara y unificada. La actual coyuntura está forzando a la dirigencia a encuadrar la discusión de las deudas soberanas en un paradigma que permita romper con la dinámica con la que se han venido manejando los organismos financieros internacionales y también a integrar las variables ambientales en las decisiones económicas, con el objetivo de evitar mayores pérdidas financieras como resultado de la degradación ecológica.

Esta realidad debería forzar a los líderes del G20 a prestar atención urgente a las agendas globales del clima, de la biodiversidad, de los suelos y del Desarrollo Sostenible: la ciencia advierte sobre un punto de no retorno para los próximos 10 años si no se atienden las recomendaciones y compromisos internacionales, los cuales han establecido pisos mínimos para mitigar el impacto del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y los suelos. Más allá de razones éticas, tan sólo el cálculo de prevenir la próxima pandemia resultaría financieramente más barato que reaccionar frente a ella: conservar la biodiversidad, abordar la deuda climática y la degradación del suelo en conjunto requiere de una inversión de 536 miles de millones de dólares anuales para el 2050, el equivalente al 0.63% del PIB Global (84.54 billones de dólares en el 2020), mientras que lo gastado para reaccionar frente al Covid-19 —según cálculos hasta julio del 2020 y sin considerar todavía el costo de la vacunación— fue del 18.9 por ciento del PBI Global, unos 16 billones de dólares.

Como miembro del G20, la Argentina tiene la oportunidad, y la responsabilidad, de liderar un movimiento desde el Sur Global que fuerce a los países ricos a pagar por su deuda ecológica. Este es el tiempo de alzar la voz y poner en negro sobre blanco la responsabilidad de los paises ricos en sus responsabilidades historicas en esta crisis, y tambien asumir las propias. La pandemia nos ha enseñado que de las crisis globales solo podemos salir juntos.

* Director de campañas del movimiento cívico y social global Avaaz.